La asociación de vecinos de la zona expuso este jueves la situacion que vive el barrio. / c7

Tafira Alta está «al límite»

Vecinos de la zona denuncian problemas de convivencia por la falta de tutela del Gobierno de Canarias sobre los menores migrantes acogidos

Rebeca Díaz
REBECA DÍAZ Las Palmas de Gran Canaria

La asociación de vecinos Tafira-Bandama reclama al Gobierno de Canarias que «ejerza su papel» de tutela sobre los menores migrantes acogidos en centros del barrio capitalino.

Asegura que no se respetan los derechos fundamentales de estos menores. Algo que consideran «repercute» en los de los residentes porque ven limitada su libertad de movimiento pues « a partir de las ocho de la tarde no hay nadie en la calle», explica la integrante de la junta de la organización vecinal, Dunia Blanco.

Convivencia

« No podemos vivir así, este no es el estado de bienestar por el que llevamos luchando tantos siglos», denuncia Teresa Guzmán, una residente en Tafira Alta que este jueves acudió a la rueda de prensa convocada por la asociación vecinal de la zona para denunciar los problemas de seguridad y convivencia que padecen, que han plasmado en el escrito que presentaron a la Fiscalía el 23 de mayo, y que achacan al hecho de que estos chicos no reciben la atención que deben y «están en la calle sin ocupación» .

«Pido a los políticos que tengan empatía con sus ciudadanos» porque «estamos al límite», añade quien pide «una solución» a un problema que asegura afecta a otros muchos núcleos del archipiélago, «para poder vivir en paz y en libertad, como hemos estado haciendo hasta ahora».

Delincuencia

Teresa reconoce que en su caso particular la situación se ha complicado desde que su hijo de 14 años y iba con un amigo «un domingo por la tarde y tres muchachos se les acercaron y empezaron a pedirles dinero». Apunta que hubo forcejeos y «le quisieron quitar el móvil». Finalmente «le quitaron la camiseta y el reloj» y le dejaron ir con la promesa «de que iba a casa a por dinero». «Es un hecho muy duro tener la delincuencia en tu propia calle», expone.

Este episodio, asegura Blanco, no es el único registrado en una zona en la que incluso se han producido «allanamientos de morada», como explica una vecina que prefiere guardar el anonimato y que afirma que lo vivió en primera persona pues encontró «a uno de estos chicos una mañana en mi jardín, donde había pasado la noche».

Situación irregular

Estas circunstancias hacen que los residentes reconozcan sentir temor de salir «a determinadas horas». «Se ha alterado la convivencia pacífica del barrio«, asegura Dunia Blanco, que incide en el hecho de que la entidad vecinal centra su denuncia «en la situación absolutamente irregular» respecto «al número de menores extranjeros no acompañados que existen en la zona y la no tutela por parte del Gobierno de Canarias de los mismos».

Apunta que «existen 13 centros en menos de 4 kilómetros en nuestro vecindario», tres de los cuales «son muy conflictivos, el Roque IV, llevado por la Fundación SAMU; el Maveric, custodiado por Quorum 77; y el centro de La Data, cuya fundación es Siglo XXI».

Blanco insiste en que «no es un tema de xenofobia ni de racismo, sino de no vulnerar los derechos fundamentales de los menores y de la pérdida de derechos fundamentales que tenemos los vecinos por una situación creada por la inacción del Gobierno de Canarias».

Derechos

Añade que la Carta de los Derechos del Niño recoge que «los niños tienen derecho a vivir en un ambiente adecuado, en una casa con condiciones adecuadas y en un ambiente familiar, escolarizados, y todo esto no lo tienen estos menores extranjeros».

Afirma que «esto es lo que estamos denunciado los vecinos de Tafira, porque deberían tener exactamente la misma igualdad que un niño canario». Pero al no darse esto y «al estar los chicos totalmente descontrolados, nuestros derechos son vulnerados» y «vivimos en un estado de alarma constante con un toque de queda que nos hemos tenido que imponer, debido al alto índice de criminalidad que se está dando en la zona y cuya autoría puede estar perfectamente contrastada por los atestados policiales».

Los afectados anuncian que van a seguir luchando hasta obtener una solución al problema que plantean y anuncian que su siguiente paso será acudir al Diputado del Común.