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La indisposición sufrida este martes por el letrado José María Palomino ha provocado la suspensión del juicio por el caso Gestión del Agua, que se empezó a celebrar ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
El reconocido abogado grancanario comenzó a sentirse mal durante la primera sesión hasta el punto que llegó a perder la consciencia. Fue atendido en sala por una médico forense que se encontraba en la sede judicial y luego evacuado hasta el hospital Doctor Negrín donde fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y ahora se encuentra en estado de observación.
El magistrado presidente Pedro Herrera procedió este miércoles a suspender el juicio, que se iba a celebrar durante todo el mes de octubre y lo ha señalado a partir del día 17 de junio del próximo año 2025, debido a la envergadura del procedimiento y a la saturación de la agenda de señalamientos de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
En esta segunda jornada, en la que el abogado José María Palomino volvió a ser sustituido por su compañero de despacho Pablo Mariño, el Tribunal procedió a resolver las diferentes cuestiones previas planteadas el día anterior por las partes. Como punto más significativo, aceptó incorporar como prueba pericial un informe económico elaborado por la consultora Kroll que cuestiona el supuesto quebranto ocasionado por los socios privados de Emalsa a esta empresa municipal y que la Fiscalía de Delitos Económicos cifra en 23,4 millones de euros.
Este planteamiento, formulado por la letrada Noelia Afonso Marrero, fue apoyado por todos los representantes legales de los 15 acusados y contó con el rechazo en primera instancia de la fiscal Evangelina Ríos, del representante del comité de empresa de Emalsa y del abogado de la Asociación Cívica 'El Sol sale para todos'.
Pedro Herrera anunció que la suspensión del juicio corregía la decisión previa adoptada por la sala el 19 de septiembre, la cual rechazó el informe por ser extemporáneo. De este modo, el documento podrá ser examinado y refutado sin limitar la capacidad de actuación de las partes involucradas.
Evangelina Ríos dijo que, dadas las circunstancias, no veía inconveniente en aceptarlo, ya que disponía del tiempo suficiente para su análisis.
Las otras dos acusaciones –Comité de Empresa del Ayuntamiento y Asociación Cívica 'El Sol sale para todos'– tampoco se opusieron, dado que el tribunal permitió que el informe fuese enviado tanto a los peritos judiciales como al perito de la consultora Auren para su análisis y, además, autorizó la elaboración de un informe contradictorio sobre el análisis de Kroll. Este contrainforme solicitado por 'El Sol sale para todos' deberá ser completado antes del 17 de mayo.
Cuestiones previas
Respecto a las otras cuestiones planteadas por las defensas, Herrera indicó que aceptaba la documentación aportada y que las alegaciones sobre la vulneración de derechos fundamentales se resolverán en la sentencia.
Noelia Afonso comentó –en declaraciones a EFE– que la admisión del informe, titulado 'Análisis crítico del escrito de acusación del Ministerio Fiscal', es «muy importante» para el caso. «Aclara y recopila» las conclusiones de otros peritajes presentados por las defensas y concluye que «no existe perjuicio económico para Emalsa ni incumplimientos», según destacó Afonso, en contradicción con lo sostenido por las acusaciones.
La Fiscalía solicita penas de hasta seis años de cárcel para trece de los acusados, imputándoles un delito continuado de apropiación indebida o, subsidiariamente, administración desleal. Para los otros dos acusados, la Fiscalía solicita dos años y nueve meses de prisión por su participación en el contrato de arrendamiento de la sede de Emalsa a la empresa Satocan, al cual también considera perjudicial.
En caso de que los hechos no sean tipificados como apropiación indebida, sino como administración desleal, la Fiscalía propone condenas de cuatro años de cárcel y multas de 46 millones de euros para los trece principales acusados. Para los otros dos, solicita dos años y nueve meses de prisión, además de la misma multa de 46 millones de euros.
También se pide que los acusados indemnicen conjuntamente a Emalsa con 23 millones de euros, excepto los dos acusados para quienes se pide una pena menor, que tendrían que abonar dos millones de euros.
La fiscal Ríos describió una serie de acciones llevadas a cabo por los antiguos socios privados de Emalsa (Saur y Valoriza, cada uno propietario del 33% del capital) que habrían beneficiado a sus propias empresas en detrimento del Ayuntamiento, que ostentaba el 34% restante de las acciones.
La acusación se centra en 18 contratos de mantenimiento suscritos por Emalsa con Sercanarias, una empresa vinculada a Saur y Valoriza. Según la Fiscalía, estos contratos fueron firmados a precios que superaban los del mercado, resultando perjudiciales para los intereses de la empresa pública de aguas.
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