Youssef Santana, conocido anteriormente como Kid Telde. / ARCADIO SUÁREZ

El Supremo ratifica la absolución del exentrenador de boxeo Youssef Santana

La Audiencia lo absolvió en diciembre de 2020 de cuatro delitos de abuso sexual al considerar que habían prescrito

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha declarado desierto el recurso de casación anunciado en su día por el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, que absolvió al exentrenador de boxeo Youssef Santana de cuatro delitos de abuso sexual. El Alto Tribunal atendió de esta forma el planteamiento formulado por el bufete de abogados Trallero, de Madrid, por lo que el fallo absolutorio contra el deportista adquirirá firmeza.

En este procedimiento, la Fiscalía anunció que iba a recurrir este fallo dictado por la Sección Segunda por infracción de ley y por quebrantamiento de forma. Las partes fueron emplazadas ante la Sala, compareciendo la representación legal de Santana pero no el Ministerio Público y por este motivo, el Supremo dictó un decreto declarando desierto dicho recurso y sin imposición de las costas.

Hay que recordar que la Audiencia Provincial de Las Palmas absolvió en diciembre de 2020 al exentrenador de boxeo, Youssef Santana -alias Kid Telde-, de cuatro delitos de abuso sexual, uno de ellos con penetración, cometidos sobre cuatro menores, al entender que los mismos habían prescrito, como así interesó durante la vista oral la letrada de la defensa, Soraya del Toro. La Fiscalía Provincial de Las Palmas había pedido para el teldense una condena de 34 años y nueve meses de prisión.

La sentencia consideró probados todos los abusos del entrenador sobre sus cuatro víctimas y que se relataron en la vista

La sentencia consideró probados todos los abusos cometidos por el entrenador sobre sus cuatro víctimas y que relataron con detalle en la vista, jóvenes que eran todos alumnos de Kid Telde en el gimnasio que regentó durante décadas en el pabellón Juan Carlos Hernández de Jinámar. Además, determinó el fallo que estos cuatro no fueron los únicos puesto que también habían prescrito otros delitos similares que sufrieron más menores que se entrenaron en el gimnasio de José Santana, que era como se llamaba antes de convertirse al Islam. Incluso, la fiscal Inés Herreros llegó a señalar durante el juicio que algunas de sus víctimas se suicidaron como consecuencia de hechos similares a los que fueron juzgados.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas tuvo en consideración que en el momento en el que los hechos fueron denunciados -en el año 2013-, los plazos de prescripción ya habían corrido, al tratarse de delitos que prescriben a los cinco años (los de abuso) y a los 10 años (el de agresión sexual). De este modo y entrando en el detalle de los mismos, la primera de las víctimas cumplió los 18 años en abril del año 2002 e interpuso la denuncia el 22 de agosto de 2013, es decir, más de 11 años después de los hechos correspondientes a un posible abuso sexual sin penetración, que tienen como plazo de prescripción de cinco años. En el segundo de los casos, el otro joven cumplió 18 años en mayo de 2001 y denunció también el 22 de agosto de 2013, por lo que pasaron más de 12 años en un delito supuesto de abuso sexual con penetración que tiene un plazo de prescripción de diez años. El tercero de los denunciantes cumplió la mayoría de edad en abril de 2006 y fue a comisaría más de siete años después de haber sufrido un abuso sexual sin penetración, por lo que superó el plazo de cinco años de prescripción del delito. Por último, el cuarto de los alumnos de Kid Telde que sufrió un abuso sexual cumplió 18 años en abril de 2005 y denunció también el 23 de agosto de 2013, es decir, más de ocho años después de los hechos.

A pesar de estas circunstancias, la sentencia -que tuvo como ponente al magistrado José Luis Goizueta Adame- determinó en sus fundamentos de derecho que los «actos ejecutados por el acusado» y ocurridos entre los años 1999 y 2004, constituyeron un «ataque contra la libertad sexual» de los menores con «ausencia de consentimiento de las víctimas», expuso.