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Imagen de una de las sedes de Remar en la capital grancanaria cerrada por orden judicial. Juan Carlos Alonso
Operación Zeile

Remar la tachó de incapaz de cuidar a su crío, pero luego la obligó a ser niñera de los hijos de sus jefes

Operación Zeile ·

Una de las víctimas declaró que tenía que pedir permiso a los investigados para hablar con su hijo, tener móvil y nunca le dieron ni un euro

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 21 de junio 2024, 02:00

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Una de las denunciantes que dio pie a la operación Zeile, que investiga a la cúpula de la ONG Remar en España y Canarias, declaró en sede judicial que los investigados le impidieron traer desde la península a Gran Canaria a su hijo de tres años porque «no estaba capacitada» para cuidarlo, pero mientras la obligaron a trabajar de niñera de los críos de sus jefes las 24 horas del día.

Estas manifestaciones las realizó la víctima a la instructora de un procedimiento que investiga a cuatro directivos de la ONG por, presuntamente, haber explotado laboralmente a cinco mujeres en situación de alta vulnerabilidad a las que tenían acogidas en el garaje de una de sus viviendas en Telde, trabajando sin contrato ni sueldo en las tiendas y centros y, el tiempo restante, obligándolas a ejercer de empleadas de hogar y niñeras de los hijos de los investigados, entre otras tareas. Esta operación Zeile fue desarrollada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Las Palmas, en coordinación con la fiscal delegada de Trata y Extranjería de Canarias, Teseida García. Los investigados son José Jesús García Porcel, director de Remar en Madrid, Castilla y León, Canarias; Jon Ubillos Berrueta, responsable de la asociación en Gran Canaria; su esposa Tamar Antón, responsable del departamento de voluntariado y nuevos ingresos y la encargada de controlar a las mujeres residentes. También aparece en la causa como investigada la asociación Remar Canarias en calidad de persona jurídica.

Los cuatro encausados fueron detenidos y enviados a prisión el pasado 8 de mayo por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria y luego salieron en libertad el 31 del mismo mes, investigados por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales y otro contra los derechos de los trabajadores.

Sin ver a su criatura

Esta denunciante narró que había nacido en El Salvador y la habían abandonado sus padres en su país natal, para ser adoptada posteriormente por unos evangelistas vinculados a Remar que la trajeron hasta España. Estuvo viviendo en Vitoria donde fue madre y, al tiempo, estas personas la enviaron a Gran Canaria para instalarse en el garaje de la casa de Remar en Marpequeña donde residía el matrimonio investigado formado por Jon Ubillos y Tamar Antón, el jefe de la ONG en Gran Canaria y la que era responsable de voluntariado y nuevos ingresos.

Esta mujer declaró que en la casa de Telde hacía de empleada de hogar de los investigados y de niñera de sus tres hijos, no la dejaban tener teléfono móvil y nunca le pagaron ni un euro a pesar de que estaba las 24 horas del día a disposición de sus jefes.

Manifestó que su situación en la isla era crítica porque los responsables de la organización no le habían dejado traerse a su hijo a Gran Canaria, por lo que tuvo que dejarlo en Vitoria con su madre adoptiva -que también es dirigente de Remar-, y si quería verlo, tenía que pedir permiso a los investigados. Declaró que la razón que le dieron desde la ONG para no traer a su criatura a la isla era porque «no estaba capacitada para cuidarlo», pero paradójicamente la pusieron -según contó- al cuidado de los tres hijos de Jon Ubillos y Tamar Antón.

Las cinco víctimas -solo una de ellas de nacionalidad española- trabajaban en las tiendas, de empleadas del hogar donde residían en Telde y en el resto de labores del día a día de Remar en Gran Canaria como descargar camiones, arreglar o montar muebles o lo que fuese necesario. Los centros donde prestaban estos servicios supuestamente obligadas estaban situados en Schamann -que es la principal-, la calle Más de Gaminde, en Telde, Vecindario y luego estaba el templo evangélico en Miller Bajo y la referida casa de acogida en Marpequeña.

Todo ello a pesar de que no estaban dentro del programa de drogodependientes, sino que eran mujeres en situación de extrema vulnerabilidad.

La Inspección de Trabajo levantó acta por no haber dado Remar de alta a las perjudicadas a pesar de tenerlas trabajando de sol a sol, sin horario ni ningún tipo de convenio regulador, además de que estaban llevando a cabo tareas ajenas a lo que podría asemejarse a servicios integrales con alojamiento, alimentación, apoyo psicológico y formación profesional.

Otra de las mujeres perjudicadas manifestó que los investigados la obligaban a darles la mitad de la prestación que recibía por parte del Gobierno con la amenaza de dejarla fuera de Remar si no lo hacía.

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