Recurren para no pagar a los policías 4 meses de suplemento

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra la sentencia emitida en primera instancia que obligaba a pagar a cada policía local y agente de movilidad de la ciudad casi 300 euros por la actualización de un complemento salarial que no fue abonado entre enero y abril de 2023.

Esta subida era fruto de un acuerdo que alcanzó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con los representantes de los trabajadores en 2022 y que fue ratificado por la Junta de Gobierno de la Ciudad el 20 de octubre de dicho año.

De hecho, el presupuesto general del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recogía el aumento del complemento especifico para los dos cuerpos de seguridad y tráfico. Así, se consignó 1,22 millones de euros por este concepto para toda la anualidad completa.

Sin embargo, como el presupuesto de 2023 se aprobó con retraso (no fue ratificado de forma definitiva hasta la sesión plenaria de 28 de abril de 2023), el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no empezó a abonar el complemento salarial (unos 288 euros por policía y agente de movilidad, y alrededor de 200 euros para los oficiales) hasta mayo, obviando los cuatro primeros meses del año.

Esto hizo que la Unión Sindical de Policía y Bomberos (USPB) denunciara los hechos, lo que motivó que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 emitiera una sentencia que obligaba al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a abonar la actualización del complemento todo el año y no solo a partir de mayo. «El incremento acordado lo es para la totalidad de la anualidad del 2023, por lo que no se entiende por qué se inicia su abono en mayo de dicho año, cuando debió iniciarse con efectos desde el 1/1/2023, ya que es solo así como se ajusta a una anualidad, que es lo acordado», decía el fallo.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido recurrir esta decisión judicial. «Las modificaciones acordadas con respecto a la valoración de factores del complemento específico de varios puestos, así como la aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), desplegó efectos y entró en vigor, de manera simultánea, con el presupuesto municipal para el año 2023 (...) y no con fecha de enero de 2023 conforme reconoce la sentencia a los demandantes», argumenta el recurso presentado por el Consistorio capitalino el mes pasado.

La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria insiste en la idea de que solo se podía pagar una vez que entrara en vigor el presupuesto municipal, no antes. «Que en los presupuestos se recoja cuánto pueda costar anualmente esta nueva valoración de los puestos no significa que se tiene que abonar toda la anualidad pues, en sí, los acuerdos empiezan a desplegar efectos con el presupuesto y no en las fechas concedidas por sentencia», indican los letrados municipales, «cosa bien distinta es una previsión de gastos, como también existe una previsión de ingresos y no tiene que coincidir» con la recaudación efectiva.

Por eso, concluyen en su escrito de alegación que «el periodo anterior a aprobarse los presupuestos, ni se tiene derecho a cobrarlo ni puede interpretarse como inactividad de la administración, pues no existe cobertura legal que lo ampare».

El secretario general de la Unión Sindical de la Policía y Bomberos (USPB), Víctor García, lamentó que el Ayuntamiento hubiera decidido recurrir la sentencia. «Dicen que no quieren judicializar la política pero vuelven a recurrir un acuerdo alcanzado tras una negociación», expuso el representante de los agentes quien lamentó que el grupo de gobierno no tenga tantos miramientos para pagar a los 14 directores generales, dos coordinadores generales y 26 contratos de personal eventual.

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