Secciones
Servicios
Destacamos
Secciones
Servicios
Destacamos
Aunque es complicado realizar un análisis de las tarifas de cementerios entre las diferentes ciudades, ya que no siempre se puede comparar conceptos por duración o tipo de servicio, la comparación de las tasas incluidas en las ordenanzas de las grandes ciudades permite atisbar que los precios que este viernes ha aprobado el Pleno de Las Palmas de Gran Canaria sitúan a nuestra ciudad en la media nacional.
«Nos quedamos en la parte baja», explicó el concejal de Salud Pública del Consistorio capitalino, Luis Zamorano, «no somos los más económicos, pero estamos en la parte baja».
«Es complicado hacer una comparación porque, aunque hay tasas más económicas, luego van incorporando otros conceptos y pueden resultar más caras», añadió el edil.
El nuevo cuadro tarifario fija la concesión por cinco años de un nicho en la capital grancanaria en 320,27 euros frente a los 263,81 euros. Esto arroja un coste anual de 64,05 años durante el periodo de vigencia total de los derechos funerarios.
Aquí la media de las principales ciudades es de unos 65,1 euros, con unos rangos que oscilan entre los cien euros de Madrid o Palma y los 32 de Valencia.
También en las concesiones largas (a partir de los 50 años), la capital grancanaria se sitúa por debajo de la media, con sus 23,3 euros anuales para un periodo de 99 años. Se trata de una cifra algo inferior a las de Madrid (36,7 euros) o Sevilla (32,9 euros), si bien estas dos ciudades fijan un plazo de 75 años.
En el caso de las concesiones a 50 años, el nuevo precio de Las Palmas de Gran Canaria (31,09 euros anuales, para hacer un total de 1.554,27 euros) nos sitúa algo por encima de la media, igualándonos a Barcelona (28,2 euros anuales) o Málaga (32,6 euros al año), pero algo alejados de Zaragoza (17,1 euros al año).
La actualización de las tarifas por los derechos funerarios (+21,4%), que acumula las variaciones del Índice de Precios al Consumo (IPC) que no fueron aplicadas durante años, fue respaldada por la mayoría del grupo de gobierno. El PP, Ciudadanos, CC y el edil no adscrito José Guerra votaron en contra, mientras que las edilas Beatriz Correas y Carmen Guerra se abstuvieron.
Para el viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, no es el momento de subir los precios en un momento en el que «la inflación está disparada, los combustibles están caros y los tipos de interés están creciendo». El edil lo considera inoportuno, máxime cuando el Ayuntamiento tiene una bolsa de dinero suficiente para afrontar los costes.
El edil expuso que la alegación de Ocaso, que fue desestimada, advierte de que los asegurados tendrán que asumir el aumento del precio de las pólizas. «Esto es un pequeño problema que tenemos con la concesión, que es el de la eliminación de la tasa de mantenimiento y que ya pagado 11,5 millones de euros de presupuesto municipal en este conflicto», expuso, «hace falta reconducir ese contrato y renegociar sus condiciones».
«Mientras esto no se haga, pagaremos cada año 1,3 millones de euros», aseguró.
La portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, considera que la actualización del IPC era una obligación, pero cree que el verdadero problema es que no se saben los costes reales y se han pagado 11,5 millones de euros en sentencias judiciales.
Pero Luis Zamorano recriminó al PP que no hubiera cumplido con sus obligaciones cuando gobernaba. «¿No cumplimos con el contrato?», preguntó a la bancada de la oposición. Aseguró que se está abordando el asunto de la tasa de mantenimiento y que se está revisando el contrato de 1997, que está hecho por 50 años. «El señor (José Manuel) Soria se cubrió de gloria privatizando el servicio y dando una concesión tan larga», les espetó.
El edil de Salud Pública recordó que este aumento es de 94 céntimos al mes y, por tanto, no puede ser considerado desproporcionado. Además, la mayoría de los asegurados lo tiene incluido en su póliza.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.