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El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Mario Regidor, reconoció de viva voz en el último pleno que se ha contratado a un gabinete profesional externo para mejorar el clima laboral de la Asesoría Jurídica y mediar en el enfrentamiento que, por carencias de personal, ha enfrentado a este servicio con el de Recursos Humanos. «Se detectó un problema que requería la mediación para resolver un conflicto en el entorno laboral», expuso el edil. Para ello, se suscribió un contrato menor con la empresa Advanced Development Resources and Training People, por un importe de 4.930 euros.
En enero, el concejal Regidor explicaba que, ante la acumulación de incidencias en el área de la Asesoría Jurídica, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió contratar un mediador. «Lo que estamos haciendo es establecer un procedimiento de mediación», dijo entonces a CANARIAS7. En aquellas declaraciones, el edil restaba importancia a las diferencias que se han conocido entre las dos áreas y que terminaron con un escrito de la directora general de la Asesoría Jurídica, Felicitas Benítez, en el que exigió a la directora general de Administración Pública, Mercedes Cejudo, de que se retractara de las acusaciones hechas por escrito, entre otras cosas de promover un clima laboral insostenible, so pena de entablar acciones judiciales contra ella.
En uno de esos escritos, Cejudo informaba de que «Recursos Humanos ha tenido que contratar los servicios de un profesional externo que ayude a mejorar el clima laboral de la Asesoría Jurídica».
Javier Darriba
Sin embargo, el responsable del área de Recursos Humanos explicaba a este periódico que las diferencias entre las dos directoras generales se encontraban normalizadas «porque ambas son estupendas profesionales».
Otras fuentes consultadas por este periódico informaron de que el contrato de mejora del clima laboral era anterior al conflicto entre las direcciones generales. De hecho, se planteó también para los servicios de Tráfico y Movilidad, pero allí no se aplicó.
El choque entre las dos directoras generales se debió a la falta de personal que existe en el Ayuntamiento y que provocó también que cinco letrados municipales presentaran otro escrito en el que denunciaban «el estado precario y lamentable de su situación laboral» y cómo les estaba afectando a su «salud mental y física».
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