Manuel Sánchez, desahuciado en Thomas Alva Edison: «Estaba en la playa y ahora me quedé en la calle»

«Había salido pronto para ir a Las Canteras a darme un baño, como hago casi todos los días, y al llegar de la playa y vi a la Policía Nacional y a una comisión judicial echándonos. Tuve que sacar todas mis pertenencias y quedarme en la calle». Así lo cuenta Manuel Sánchez, una de las once personas que fueron desahuciadas este jueves en la calle Thomas Alva Edison en Las Palmas de Gran Canaria.

Se quedaron en la calle «con lo puesto» sin previo aviso. Les subarrendaba la vivienda a una mujer que nunca les avisó de que tenía una orden de desalojo activa desde 2022. La subarrendadora no vive en la casa, vive en Guanarteme, y no era la dueña del inmueble. «Tenemos que reunirnos y poner una denuncia contra ella, nos sentimos estafados, no fue capaz ni de avisarnos», cuenta Sánchez, que se encuentra sentado de frente a la que era hasta este jueves su casa.

Todo ocurrió a las 9.30 horas de la mañana. El propietario había avisado a la arrendataria que subarrendaba la vivienda a estas personas que tenía que dejar la propiedad. Incluso le ofreció otra casa, que rechazó, según fuentes consultadas por este periódico.

«Nos echaron como agua sucia, no sabíamos absolutamente nada de todo esto, ahí vivían personas con movilidad reducida y que necesitan medicación», explica contrariado Sánchez, uno de los últimos en llegar a la vivienda. «Estaba muy cómodo aquí, tenía la playa muy cerca, encontrarme con todo esto ahora me ha pillado por sorpresa», añade mirando de reojo a la que era su hogar hasta hoy jueves. «Encima hace un mes me operaron de la próstata», dice resignado.

Otra de las desahuciadas, entre las que hay algunas personas vulnerables, es Inmaculada Talavera, algo más afectada que el resto de sus compañeros de piso. «No puedo relajarme, estoy en la calle», responde mientras se seca las lágrimas con un pañuelo. «Me operaron de la cadera hace unos meses y estoy en tratamiento por depresión. A los policías les dije que me quedaba dentro, pero me obligaron a irme porque me dijeron que si me quedaba tendrían que hacerlo 'por las malas' y tuve que abandonar mi casa», señala esta mujer que tuvo que salir con lo puesto. «Solo me dejaron coger el andador, he salido en pijama», concluye alterada ante esta situación tan «injusta» que ninguno de ellos se esperaba vivir ya que pagaban cada mes a la subarrendadora. Ahora, espera «desesperada» una solución.

Hasta el lugar se desplazaron trabajadores de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para tranquilizarles y comunicarles que ya estaban buscando una solución. «Estas personas vivían en una vivienda en malas condiciones. Algunos llegaron del comedor social de Nuestra Señora del Carmen a su casa y se encontraron que no podían abrir la puerta ya que habían cambiado la cerradura», cuenta Eugenia Pérez, de Servicios Sociales del Ayuntamiento de la capital grancanaria. «Pagaban entre 250 y 400 euros por una habitación, este mes ya habían hecho la transferencia», detalla. La Corporación municipal asegura que desde que tuvo conocimiento de los hechos ha estado trabajando para buscar una solución alojativa para las víctimas del desahucio.

Algunas de las once personas sí que han podido ser reubicadas en otra vivienda que tenía la subarrendataria, pero hay otras que este jueves seguían a la espera de un hogar.

La inquilina pagaba por la vivienda una renta mensual de 800 euros y recibía de las personas a las que les había subarrendado la casa alrededor de 2.500 euros. Cuando el propietario de la vivienda -que desconocía completamente la situación- no quiso renovarle más el contrato, ella se negó a abandonar la casa donde supuestamente vivía. El dueño intentó buscar una solución pero no le quedó más remedio que interponer una demanda en el Juzgado de Primera Instancia 2 de Las Palmas de Gran Canaria por extinción del contrato de arrendamiento y expiración de plazo.

La arrendataria fue ganando tiempo y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de algunas de estas personas. Sus recursos a la sentencia en la Audiencia Provincial y en el Tribunal Supremo fueron rechazados y hace dos meses, se dictaminó efectuar el desahucio que se llevó a cabo este jueves.

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