El juzgado obliga a pagar un complemento a los policías que trabajan de paisano

El secretario general de la USPB, Víctor García, explicó que el Consistorio abonaba este plus hasta 2018. Sin embargo, Intervención obligó a que se firmara un acuerdo con cuantía fija y relación de beneficiarios. Eso se logró en 2020. Un número de agentes que ha ido variando entre 50 y 70 (de policía judicial, de la unidad de mediación, del grupo de intervención y de escoltas) y que trabaja de incógnito debería haber recibido un suplemento de 500 euros al año, en caso de no recibir uniformidad, o 250 euros si la perciben. «Sin embargo, no ha habido manera de que se abone por la burocracia del Ayuntamiento», denuncia García.

La sentencia ha espoleado a más agentes a presentar sus reclamaciones, hasta el punto de que ya se han presentado cuarenta demandas individualizadas.

La reclamación de esta indemnización no es el único asunto que está en los juzgados en estos momentos, también está la denuncia por la falta de pistolas eléctricas y el pago del acuerdo que suponía elevar en tres puntos la categoría de los policías locales dentro de la Relación de Puestos de Trabajo, en el periodo comprendido entre enero y abril, y que supone un ingreso suplementario de unos 70 euros.

«Estamos teniendo que ir a los tribunales, nos están obligando a judicializar todo, incluso los acuerdos que estaban cerrados y que no terminan de cumplir», expuso el representante de los agentes. «Lo único que podemos decir que se ha hecho en materia de personal es el nombramiento de diez directores generales, quienes aún no han dado respuesta a nada», prosiguió el secretario general de la USPB.

Los policías también denuncian que no haya entrado en vigor el acuerdo de las cuatro jornadas de libre disposición que tiene la jefatura para cubrir actos especiales que requieren una presencia masiva de agentes sin tener que recurrir a horas extra. A cambio de ceder los cuatro días de trabajo a la jefatura, los policías reciben una compensación de 1.200 euros brutos al año. «Ya se está cuestionando el despliegue de las cabalgatas de Reyes y de los carnavales», expuso Víctor García.

Vinculado a esto, los agentes critican que se vuelven a reproducir los problemas de pago de las horas extra que han caracterizado la relación con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en los últimos años. Víctor García estima que la deuda contraída por el Consistorio con los agentes supera ya los 1,5 millones de euros. Y como en el presupuesto del próximo año el máximo de gratificaciones será de 2,5 millones de euros, cuando se pague las horas extraordinarias de 2023, ya el próximo año, apenas quedará un millón de euros disponible para abonar otros imprevistos.

USPB también denunció que el Ayuntamiento no está haciendo la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos para determinar los niveles de productividad de los funcionarios, pese a que el presupuesto consigna 3 millones de euros para ello. Y lamenta que los jubilados tengan que denunciar el pago de su gestión del conocimiento.