Un 65% de jueces y fiscales secunda el tercer y último día de la huelga

Un 65% de jueces y fiscales ha secundado el tercer y último día de huelga contra las reformas judiciales del Ejecutivo convocado por las cinco asociaciones conservadoras, que cifran en un 70% el seguimiento durante estas tres jornadas.

En un comunicado que firman la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) califican la convocatoria de «éxito rotundo» y hablan de seguimiento «masivo».

Indican que durante los tres días de movilización, la participación media ha sido del 70 %. Por su parte, desde el Ministerio de Justicia, han rebajado esas cifras a un 28,75 % el martes y un 30 % el miércoles.

Los convocantes lamentan los perjuicios que los paros han podido ocasionar y destacan que su objetivo ha sido visibilizar reivindicaciones legítimas para la mejora del sistema y del Estado de Derecho, «siempre con respeto y responsabilidad hacia quienes confían en la administración de justicia».

Han trasladado su reconocimiento a todos los compañeros que, «con su sacrificio y valentía», han demostrado un compromiso ejemplar en la defensa de los derechos de la ciudadanía, de sus propios derechos y de la dignidad de la profesión. «Se trata de una huelga histórica, ya que nunca antes ha habido tres días consecutivos de movilización de jueces y fiscales, ni un seguimiento tan masivo, en defensa de la independencia judicial y del Estado de Derecho», subrayan.

Las cinco asociaciones han convocado tres jornadas de paro en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno, que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.

Denuncian la tramitación por la vía de urgencia de estas reformas, «sustrayendo la debida consulta entre los operadores jurídicos», y que atribuyen más poder al Fiscal General del Estado sin reforzar su independencia, «al tiempo que rompen con los principios de igualdad, mérito y capacidad al crear una puerta trasera en el acceso a la carrera judicial y fiscal».

Critican también la introducción de 1.004 jueces y fiscales sustitutos en la carrera «mediante un examen ad hoc» que a su juicio «vulnera injustamente los derechos de los 4.000 jóvenes —en su mayoría mujeres— que dedican sus esfuerzos personales y familiares a alcanzar el sueño de ser juez o fiscal».

Y lamentan la actitud del Ministerio de Justicia. «Resulta inaudito que no haya dado respuesta a las demandas planteadas ni haya abierto una mesa negociadora, en contra de lo que suele suceder en los conflictos colectivos que se producen en España».

Señalan, además, que en respuesta a esta huelga Justicia ha impulsado una enmienda sobre el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos que resulta aún más lesiva para los principios constitucionales.

Los convocantes desconocen el número exacto de juicios o señalamientos suspendidos, «dado que este dato sólo obra en poder del Ministerio y no es accesible para las asociaciones convocantes» y recuerdan que la labor de jueces y fiscales va mucho más allá de la celebración de vistas o juicios, ya que abarca «una compleja y esencial función para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho».

Las asociaciones se reunirán este viernes para realizar una valoración exhaustiva de la huelga y adoptar las decisiones oportunas para el futuro.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado que carece de competencia para recabar datos de identidad de quienes participen en una huelga que el Pleno tuvo por no anunciada en su acuerdo de 26 de junio de 2025.

El Ministerio de Justicia había solicitado al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado que informaran de los jueces y fiscales que secundaban la huelga a fin de detraerles el salario correspondiente. El CGPJ se remitió entonces al acuerdo adoptado la semana pasada, por el que no tuvo por anunciada la huelga de jueces al no tener esta, de momento, «soporte normativo», de modo que señaló que no recabaría datos de seguimiento.

En su comunicado, el CGPJ también señala que no ha recibido comunicaciones de los órganos de gobierno interno del Poder Judicial sobre incidencias que hayan requerido su intervención.