Inmaculada Medina y Mercedes Fernández-Couto en un momento de la presentación.. / JUAN CARLOS ALONSO

Los hogares solo pagarán por el agua que salga del grifo durante los próximos tres años

El Ayuntamiento impulsa además un bono social para familias vulnerables y empresas e industrias pagarán la mitad de lo que consuman

REBECA DÍAZ Las Palmas de Gran Canaria

La concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, presentó ayer junto a la directora general de Emalsa, Mercedes Fernández-Couto, las nuevas tarifas de agua a aplicar en la capital grancanaria «en los próximos tres años» por «solidaridad y con el objetivo de adoptar iniciativas de impulso económico ante la situación de pandemia».

La actualización de tarifas implica que «solo pagaremos por el agua que salga del grifo», avanzó la edil durante la presentación del plan de modernización del ciclo del agua en el Depósito y Estación de Bombeo de Agua Potable 'Lomo del Polvo', pues se suprime el mínimo de consumo establecido en la actualidad en 10.000 litros al bimestre y se pasará a pagar 40 céntimos por cada 1.000 litros hasta alcanzar los 7.000. Una medida que va a suponer un ahorro para un 85% de los hogares y convertirá a la capital grancanaria «en la ciudad con el agua desalada más barata del país».

EL DATO

    Las nuevas tarifas podrían entrar en vigor «en el primer semestre» de 2021, una vez superen los trámites administrativos pertinentes, avanzó Medina. En cuanto a su continuidad en el tiempo, aseguró que este gobierno «tiene espalda económica» para que «los próximos tres años podamos aplicar esta nuevas tarifas» y que «a partir del cuarto año, imagino que si se sigue haciendo el trabajo como lo estamos haciendo, quien dirija los designios de esta ciudad dirá si se sigue manteniendo esa bonificación o si cambia las decisiones, pero nuestro compromiso son los próximos tres años».

    La edil también anunció el lanzamiento «del bono social del agua», dotado con «400.000 euros anuales para garantizar este bien esencial a todas aquellas familias que peor lo están pasando» y que se tramitará de manera coordinada entre los servicios sociales municipales y Emalsa.

    Medina informó también que con este plan «diferenciamos por primera vez el tipo de usuario», ya que «no es lo mismo el consumo de una familia que el de una industria». De tal manera que las dos tipologías, «domésticos y otros», pasarán a cuatro: «domésticos, comerciales, hoteleros e industriales».

    Añadió que «entre el 85% y el 100% de todos los abonados verán reducida su factura del agua a partir del próximo año», lo que se traduce en «150.00 familias y cerca de 4.000 empresas». Pues, como indicó Medina, comercios, hoteles e industrias se beneficiarán el próximo año de las bonificaciones covid y «solo pagarán la mitad del agua que consuman».

    Esta bajada de tarifas supondrá una inversión municipal de 15,6 millones de euros, según informa el Consistorio en una nota de prensa.

    Medina señaló que este plan se acomete «con un compromiso medioambiental porque queremos seguir fomentando el uso responsable y sostenible de este bien esencial», por eso «a partir del próximo año, quien derrocha y contamina, paga». Apuntó que con el objetivo de «estar a la vanguardia» se va a «pone en marcha el reglamento de vertidos», ya que la capital grancanaria «es la única ciudad de las grandes españolas que no lo tiene».

    Asimismo, explicó que esto junto a la eliminación del mínimo de consumo se aplica «adaptándonos a la legalidad, con cinco textos nuevos o renovados nos adaptamos a la directivas europeas y nacionales», lo que «nos va a permitir acceder a los fondos europeo». Además, dijo, «por primera vez, después de 39 años, actualizamos el reglamento de abastecimiento, que no se toca desde 1981» y supone que desde 2021 «en los recibos vendrán cuatro nuevos conceptos, para adaptarnos a la normativa, que tienen que ver con abastecimiento, alcantarillado, sostenibilidad y depuración».

    Medina destacó también las «mejoras y la cercanía con los ciudadanos» que engloba este plan y que se traduce en la puesta en marcha de «mejoras en las oficinas de atención a la ciudadanía mediante la digitalización de los servicios».