La Fiscalía pide penas de hasta ocho años y medio de cárcel para 'Los Ángeles del Infierno'

La Fiscalía Provincial de Las Palmas pide penas de entre cuatro años y medio y ocho años y medio de prisión, además de multas que oscilan entre los 87.000 y los 116.000 euros, para 13 personas acusadas de integrar una red criminal dedicada al tráfico de drogas en los municipios de Gáldar y Agaete, presuntamente vinculada a la organización internacional conocida como 'Los Ángeles del Infierno'. El Ministerio Público los acusa de delitos contra la salud pública ―en su modalidad simple y agravada por el uso de violencia― y de pertenencia a grupo criminal.

'Los Ángeles del Infierno' (Hells Angels Motorcycle Club) constituyen una organización internacional de motociclistas surgida en California en 1948, cuya imagen pública ha estado históricamente ligada al contraculturalismo estadounidense. Sin embargo, numerosas investigaciones policiales y judiciales en distintos países —incluida España— los han señalado como una estructura de carácter criminal dedicada a actividades como el tráfico de drogas, armas, extorsión, blanqueo de capitales y violencia organizada. A pesar de mantener una apariencia de club motero, se ha acreditado que su funcionamiento forma parte de una presunta organización jerárquica con presencia en varios continentes, dividida en capítulos locales, algunos de los cuales han sido desmantelados en operaciones policiales en Baleares, Cataluña y Canarias. La supuesta célula desarticulada en Gran Canaria se enmarca dentro de este contexto internacional.

Los hechos objeto de acusación se sitúan entre los meses de enero de 2023 y septiembre de 2024. Durante ese periodo, según el escrito de la fiscal Paula Velasco Almendral, los acusados actuaron de forma organizada, estable y sostenida en el tiempo, constituyendo una estructura jerarquizada dedicada a la adquisición, manipulación, distribución y venta de diversas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, heroína, marihuana, cannabis y hachís en Gran Canaria. Presuntamente, la organización disponía de tres viviendas operativas para llevar a cabo la actividad delictiva: dos en Gáldar y una tercera en Agaete, copropiedad de uno de los investigados.

La acusación atribuye a los investigados una distribución de funciones concreta. En el nivel directivo situó a C.M.O., C.S.M., C.J.M. y A.J.L., quienes se encargaban de coordinar el suministro de sustancias, supervisar las operaciones, resolver conflictos y ejercer control sobre el resto del grupo. En un segundo nivel se encontraban G.D.G., K.J.S. y S.V.L., responsables del traslado y almacenamiento de la droga, del control del funcionamiento diario de los puntos de venta y de la rendición de cuentas. Otros integrantes, identificados como J.C.D., A.M.R., J.C.R., J.B.S. y S.J.M., realizaban la venta directa a los consumidores, en turnos continuos de 24 horas, ocupándose también de la dosificación del producto y del control de acceso a los inmuebles.

La Fiscalía destaca que varios miembros del grupo, entre ellos C.M.O., C.S.M., C.J.M., A.J.L., G.D.G., K.J.S., S.V.L. y J.J.B., recurrían al uso de la violencia como medio de control interno y externo.

El escrito describe episodios en los que consumidores que no abonaban sus deudas o colaboradores que intentaban desvincularse del grupo fueron agredidos físicamente o retenidos en habitaciones hasta cumplir con sus obligaciones. En estos contextos, empleaban armas blancas, machetes, cuchillos, armas simuladas, un puño americano y otros objetos intimidatorios.

El 2 de octubre de 2024 se practicaron diversos registros autorizados judicialmente en los domicilios de los acusados, donde se intervinieron importantes cantidades de sustancias estupefacientes, armas y dinero en efectivo. En la vivienda de K.J.S. se hallaron 150,19 gramos de cocaína con una pureza del 86,57%, otros 270 gramos con una pureza del 82,3%, y 2,61 gramos con una riqueza del 62,5%, además de 567,71 gramos de fenacetina no fiscalizada, dos machetes, un rifle de perdigones, varios teléfonos móviles, libretas con anotaciones contables, suero e insecticidas. En el domicilio de G.D.G. se incautó una katana, una réplica de arma larga y una hoja con cantidades de dinero.

En el inmueble de Agaete, en presencia de G.D.G. y J.C.D., se decomisaron 23,8 gramos de heroína sin pureza cuantificable, y 14,16 gramos de coca con una pureza del 64,01%, además de un machete, una navaja, una pistola simulada y básculas. En la vivienda de S.V.L., se hallaron 2,26 gramos de cannabis, 6,06 gramos de coca con una pureza del 73,24%, un cuchillo, un grinder y bolsas para dosificación. En la casa de C.J.M. se encontraron 1,61 gramos de hachís, móviles, una tarjeta SIM, un puño americano y 10.260 euros. En la de A.J.L. incautaron 4,46 gramos de cannabis, 27,6 gramos de resina de cannabis, una báscula, un cuchillo y 9.055 euros. En la vivienda de C.M.O. se hallaron tres katanas, un machete, una balanza, un portátil y 6.980 euros en efectivo.

Finalmente, en la vivienda de la calle Elena Keller, se decomisaron 147 gramos de marihuana y 3,22 de coca con una pureza del 71,85%, un hacha, una báscula y documentación con referencias a deudas. El valor total de las drogas intervenidas asciende a 29.119,93 euros.

En la actualidad, siete de los acusados —A.J.L., C.M.O., C.J.M., G.D.G., C.S.M., S.V.L. y K.J.S.— permanecen en prisión provisional, mientras que otro, J.C.D., lo estuvo hasta abril de 2025. En su escrito, el Ministerio Fiscal solicita penas diferenciadas en función del rol y los delitos atribuidos. Para J.C.D., A.M.R., J.C.R., J.B.S. y S.J.M., solicita cuatro años y medio de prisión, con una multa de 87.000 euros, por el delito contra la salud pública en su modalidad básica. Para los acusados que actuaron con violencia —K.J.S., C.J.M., A.J.L., C.M.O., G.D.G., C.S.M., J.J.B. y S.V.L.—, se pide siete años y medio por la modalidad agravada, que en el caso de C.J.M. se eleva a ocho años y medio por su condición de reincidente. A todos se les imputa además un delito de pertenencia a grupo criminal, por el que se solicita un año y tres meses de prisión adicionales.

La acusación incluye también la petición de la sustitución parcial de la condena de dos acusados extranjeros, S.V.L. y A.M.R., por la expulsión del territorio español una vez cumplidos dos tercios de la pena, con prohibición de regreso durante ocho años.