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Fianza para tres personas que rescataban a empresas y fueron denunciados por estafa

Fianza para tres personas que rescataban a empresas y fueron denunciados por estafa

La jueza pide que depositen 186.357 euros o si no, que sean embargados al entender que hay indicios de estafa y alzamiento de bienes

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 31 de mayo 2023, 02:00

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La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las palmas de Gran Canaria, ha decretado que una presunta trama de personas y empresas que se dedicaban a rescatar a mercantiles con problemas de liquidez, abonen de forma solidaria una fianza de 186.357,34 euros al entender que hay indicios de que sean autores de delitos de estafa y alzamiento de bienes.

En un auto que ha sido recurrido por los investigados, la autoridad judicial determina que hay «conversaciones, escrituras registrales, extractos bancarios, declaraciones de renta, pagarés, etcétera» que «indicarían la existencia de los delitos denunciados y cometidos supuestamente «por parte de los imputados y sus cooperadores más inmediatos». Estos son Ruymán H.R., Claudio M.S., Rosalía C.S., y las entidades Ecotopham SLU, Morera Alimentación -cuyo administrador único es Jouska Capital-, y Danover Spain. Presuntamente, se dedicaban a rescatar empresas con dificultades a cambio de la transmisión de sus acciones por un euro.

Este procedimiento nació después de la denuncia interpuesta por la socia y administradora única de Ecotopham SLU, que llevaba la gestión y explotación de un supermercado en Firgas.

Entre octubre y noviembre de 2021, los propietarios buscaron a compradores del supermercado debido a que la situación de la empresa «ya no era óptima». Perseguían «darle la mejor salida» a empresas y personas con quienes «había concertado una serie de deudas en el desempeño de su actividad empresarial».

Los investigados Ruymán H.R. y Claudio M.S visitaron «varias veces el supermercado», para conocer su estado y pedir documentación, ya que «tendrían intención de cerrar un acuerdo» consistente en «adquirir las participaciones sociales de la empresa por un euro».

En síntesis, se «comprometían a pagar a los acreedores para que no sufrieran perjuicios económicos en el periodo de transmisión de la empresa» y gestionaban el aval personal que tenía la denunciante con Caixabank.

Destaca el auto que la empresa denunciada se publicitaba por las redes con frases tales como: «Somos uno de los mayores grupos empresariales en la compra de empresas con dificultades económicas» aparentando dedicarse a «sacar a flote» a mercantiles. Si no podían hacerlo, «las regularizaban a través del proceso de concurso de acreedores».

La operación se materializó el 31 de marzo de 2022, fecha en la que se firmó ante notario la compraventa de participaciones sociales a un euro de Ecotopham SLU a favor de Morera Alimentación, que estaba administrada por Ruymán H.R. Tras la firma, la adquirente se «comprometió a liquidar en la forma y plazos pactados».

La operación englobaba también liquidar dos préstamos bancarios de los que la denunciante era avalista personal, de tal manera que lo que se pretendía era que no se quedaran avales personales, sino únicamente el de Caixabank «por no poder cancelarse de ninguna manera al ser un aval bancario que garantizaba un contrato todavía vigente».

Se acordó entonces que la denunciante «hiciera un préstamo a Ecotopham con la finalidad que se liquidaran a su vez un préstamo con BBVA y otro con la Caixa». La cantidad fue de 40.953 euros y la misma sería devuelta «con una forma de pago aplazada». En caso de no cumplir, sería Morera Alimentación la que «garantizaba dichos pagos haciendo entrega de unos pagarés».

El préstamo se formalizó ante notario y «se liquidó ante Hacienda» y durante estos meses han estado «haciendo pagos mensuales» a la cuenta personal de la denunciante por este motivo.

Pero la autoridad judicial refleja que los investigados Ruymán H.R. y Claudio M.S. «no han afrontado la deuda que por aquel entonces existía y todavía existe» y tampoco «se ha cumplido ni con la denunciante ni con proveedores y acreedores habiéndose obtenido así un beneficio para los denunciados a costa de recibir una empresa por un euro».

Lo que sí han hecho con algunos poco proveedores y acreedores, añade la resolución, es «liquidar la deuda o no pagarla pero seguir trabajando con el proveedor al contado», manteniendo la deuda que tiene con Ecotopham «para que continúe suministrando y cambiar de proveedor principal».

De esta forma, incumplieron supuestamente un contrato «con el proveedor principal que ha implicado la ejecución de un aval bancario» del que la denunciante «es fiadora personal por lo que en estos momentos es deudora a título personal de más de 63.400 euros en Caixabank». Una deuda que «crece cada día».

Sostiene el auto que Ruymán H.R. «aparentaba atender a los acreedores o las obligaciones de la empresa», si bien, «no lo hacía». Tampoco pagó los servicios de la asesoría laboral, «se recibían notificaciones de la Agencia Tributaria», de Servihabitat «por impagos del alquiler», del asesor fiscal «porque no se atendían los impuestos» y de «algunos acreedores que no veían sus deudas pagadas».

En septiembre 2022, la denunciante recibió una llamada de su gestor bancario comunicándole que el aval cuyo beneficiario era General Market Food Canarias «había sido ejecutado en julio 2022. Todo ello «pese a que en la transmisión de participaciones sociales» pactaron que la deuda de 59.363 euros con General Market Food Canarias sería liquidado por Morera Alimentación.

Por este motivo, la magistrada entiende que hay indicios de que la adquirente, no solo no liquidó la deuda, sino que Caixabank ejecutó el aval en julio de 2022 por lo que, en estos momentos, la entidad reclama a la denunciante «como deudora avalista» más de 63.400,00 euros, una cifra «que asciende cada día a más».

Esta situación le ha generado «perjuicios económicos no sólo a ella personalmente, sino también a los proveedores y acreedores que han visto mermados su patrimonio». Incluso, a pesar de que antes de esta gestión no tenían deudas con organismos públicos, «durante un tiempo» han visto como «la empresa recibe notificaciones de la Agencia Tributaria», por lo que «puede ser muy posible» que Ecotopham «no haya cumplido sus obligaciones fiscales ni con los organismos públicos».

El caso sigue en fase de instrucción.

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