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La droga se encontraba en la cubierta del barco llamado Memo, que navegaba sin pabellón conocido. Serán juzgados por la Audiencia NacionalNecesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.
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La Fiscalía Antidroga ha pedido que dos personas sean condenadas a 11 años de cárcel y el pago de sendas multas por valor de 120 millones cada una, por transportar -presuntamente- 844 kilos de cocaína a bordo de un velero que fue interceptado en alta mar y transportado hasta la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria en septiembre de 2021.
El Ministerio Público entiende que estos dos varones -uno de nacionalidad española y otro con pasaporte italo-venezolano- son autores de un delito contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño a la salud y pertenencia a organización criminal.
Por su parte, la defensa de ambos interesa la libre absolución al entender que, tanto la investigación como la detención y traslado de la droga a puerto no se hizo de forma legal.
Ambos acusados serán juzgados el próximo 13 de abril en la Audiencia Nacional.
30,52 millones de euros es el valor que la Fiscalía Antidroga ha tasado de la droga incautada a bordo de velero Memo. La cocaína tenía un índice de pureza del 72'18%.
Según el fiscal antidroga, los procesados, en fechas próximas al septiembre de 2021, actuaron «en el marco de un entramado criminal transnacional» con el «firme propósito de transportar desde un punto geográfico de Sudamérica no determinado suficientemente una importante cantidad de cocaína, con fines de ulterior distribución en la Unión Europea», destaca el escrito de acusación.
Para ello, utilizaron el velero de nombre Memo, cuya propiedad se documentó a nombre de una empresa de la que era administrador único uno de los detenidos.
En este escenario, el fiscal detalla que los acusados recibieron la droga «en alta mar de terceros no identificados» en «un lugar próximo a las aguas territoriales españolas», todo ello para «ser trasladada a otra embarcación del entramado criminal para su ulterior introducción en territorio de la Unión Europea».
Cuando los procesados navegaban por el Atlántico con rumbo a aguas próximas a Canarias, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), el Cuerpo Nacional de Policía (Udyco Central) y la Guardia Civil desarrollaron una operación antidroga conjunta orientada a capturar a traficantes de droga. Los investigadores recibieron el 17 de septiembre de 2021 a través del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y Crimen Organizado (Citco), un informe proveniente de la Agencia Nacional del Crimen de Reino Unido, que hacía referencia a un velero no identificado que se encontraba en unas coordenadas próximas al Memo y que había levantado sospechosas de ser usado como narcovelero.
Con esta información, el 19 de septiembre el buque patrullero de la DAVA de nombre Petrel I que se encontraba en esa zona en el marco de la Operación Pascal-Lino 2021, localizó al Memo en su radar a unas 800 millas náuticas al oeste de Canarias y establecieron «el oportuno operativo naval». En la madrugada del 20 de septiembre 2021, el citado patrullero «procedió a ejercer el derecho de visita previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar», previa advertencia y solicitud, para confirmar el pabellón mediante su documentación.
De esta forma, resultó que el velero «navegaba, efectivamente, sin enarbolar pabellón alguno» con los dos procesador a bordo.
Los agentes observaron «a simple vista» una cantidad indeterminada de fardos, lo que «determinó su inmediata custodia en lugar cerrado a bordo de la patrullera Petrel, así como la detención de ambos procesados».
Una vez fueron trasladados a la Base Naval, se procedió a la diligencia de entrada y registro de la embarcación y bajaron a tierra 41 fardos «encontrándose posteriormente otro fardo de las mismas características de los anteriores debajo de la mesa del comedor del velero».
El total de la droga incautada fue de 844'89 kilogramos de cocaína, con un índice de pureza del 72'18% y un valor de venta en el mercado negro de 30.527.654 euros.
Mientras la Fiscalía acusa, la defensa interesa la libre absolución de los dos procesados al entender que las actuaciones son nulas ya que fueron ejecutadas por los responsables de la investigación cometiendo presuntas irregularidades.
Según el escrito de defensa firmado por el letrado Rafael Jiménez de Oliva, el patrullero de Vigilancia Aduanera Petrel I abordó al Memo bajo el amparo del llamado derecho de visita, después de que la Dirección Adjunta solicitara «autorización de las autoridades de Reino Unido para el abordaje», sin que esta «les remitiera contestación alguna». No obstante, el abordaje se llevó a cabo «sin la autorización de las autoridades británicas, ni de las alemanas, siendo de este último país a quien realmente pertenece el pabellón del buque». Tampoco, insiste esta parte, «se contó con la autorización judicial española».
Ese derecho de visita, añade el escrito de defensa, «compete a buques de guerra y dentro de una situación bélica, lo que no es el presente caso». Vigilancia Aduanera española, añade, «accedió al buque Memo (...) mediante una maniobra de abordaje no autorizada por la Ley y sin justificación alguna».
Insiste el abogado en que «después de procederse al injustificado abordaje en un punto del mapa dudosamente determinado», tras lo que considera un «registro ilegal» del velero y la detención de sus tripulantes, los funcionarios del DAVA «solicitan autorización para la entrada y registro en el buque, y la urgente interposición de una querella por el fiscal para subsanar 'ex post facto' la ausencia de jurisdicción» para llevar a cabo esas diligencias.
Denuncia también la defensa que el traslado del velero se autorizó por auto de 24 de septiembre «cuando ya está casi llegando a Canarias, habiendo sido remolcado durante más de tres días sin autorización judicial alguna».
También que se trasladaron 41 fardos de 42 al buque sin autorización, sin fe pública y que se sobrepasó el periodo máximo de detención de los acusados antes de llegar a tierra.
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