El tripartito judicializa el cambio en Emalsa y Saur defiende la legalidad

El control del 66% de Emalsa por parte de Saur, tras la compra de las acciones de Valoriza, este verano abre una larga batalla judicial. El Ayuntamiento defiende su derecho de tanteo por los títulos

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, anunció ayer la interposición de una demanda para que la justicia restituya el derecho de tanteo que tiene el Ayuntamiento en la transmisión de acciones en el seno de Emalsa. En virtud de un informe jurídico que fue culminado ayer, el tripartito reclamará en los tribunales su derecho a pujar por las acciones que Valoriza, a través de la recién constituida Nuinsa Inversiones, vendió a Saur (a través de Gestagua) a finales de julio.

Esta operación, que dejaba en manos de Saur -controlado a su vez por el fondo de inversión sueco EQT- el 66% del accionariado de Emalsa y al Ayuntamiento con solo el 34%, puede tener la consecuencia de que desemboque en el control público del negocio del agua en caso de que los tribunales le den la razón al grupo municipal de gobierno.

El argumento que emplea el tripartito es que «la transmisión de Nuinsa a Gestagua persigue eludir el derecho de tanteo del accionista público y dar lugar a una concentración de poder, económica y del voto».

Los servicios jurídicos municipales recuerdan que el pliego de condiciones por el que se rigió la venta de Emalsa determina que cuando solo haya un licitador privado, éste no podrá concentrar más del 49% del capital social. De este modo, al quedarse Saur con el 33% de Valoriza, vulneraría este límite en un 17%, que es para lo que el Ayuntamiento reclama el derecho de tanteo que le reconoce el pliego.

Hidalgo no supo poner precio a la operación de adquisición de ese 17% porque la compra de Nuinsa por parte de Saur incluía no solo las acciones de Emalsa, sino también de Sercanarias y el 20% de la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en Soria. En todo caso, el alcalde aclaró que la compra de ese 17% garantizaría una municipalización del servicio «a menor coste».

El informe concluye que el hecho de que Gestagua (Saur) compre Nuinsa «es un fraude de ley por cuanto la escisión no se hizo con los fines que prevé la Ley de Modificaciones Estructurales de las sociedades mercantiles, y se hizo con el ánimo de eludir el derecho de tanteo del accionista público».

Por su parte, desde Emalsa se defendió la legalidad de la operación, en contra de lo dictaminado por los servicios jurídicos municipales. En un comunicado remitido ayer, Saur lamenta la judicialización de este asunto, «en la convicción de que carece de fundamento jurídico, y reitera la legalidad de la transacción, acorde con los estatutos de la compañía y con la vigente legislación mercantil».

«Todos los informes jurídicos aportados por los propios servicios de Sacyr y de Saur, así como de terceros despachos especializados en legislación mercantil, avalan la legalidad de la operación que ahora pretende llevar a los tribunales el Ayuntamiento capitalino», prosigue el comunicado, «en el mismo sentido favorable a la operación mercantil se ha manifestado ya preliminarmente, en el consejo de administración de Emalsa, su secretaria, opinión que será plasmada en el informe jurídico solicitado por el alcalde de la ciudad y presidente de la compañía».

En consecuencia, «Saur lamenta que hayan de ser los tribunales quienes deban de pronunciarse sobre una operación perfectamente ajustada al marco legal, y mientras, la dirección de Emalsa se reafirma en su compromiso con la gestión del servicio concesionado».