El tripartito, abierto a un acuerdo por Emalsa

El edil Javier Doreste respalda la demanda por el control de la compañía y cree que sería bueno llegar antes a un acuerdo extrajudicial.

David Ojeda
DAVID OJEDA

El portavoz de LPGC Puede en Las Palmas de Gran Canaria y concejal de Urbanismo en el pacto que esta formación tiene con PSOE y Nueva Canarias en el Ayuntamiento capitalino, Javier Doreste, mostró ayer su respaldo a la demanda que el tripartito presentó contra la compra del 33% de las acciones de Valoriza (luego traspasadas a Nuinsa) por parte de Saur. Este cambio accionarial, materializado este verano, deja al gigante francés (ahora en la fase final de adquisición por parte del fondo de inversión sueco EQT) en posición mayoritaria dentro del consejo de administración de la compañía mixta de aguas, con un 66% de los títulos, con lo que el peso de la parte pública se queda limitada al 34% restante.

Doreste ratificó el informe de los servicios jurídicos municipales, que entienden que la absorción de estas acciones por parte de Saur (a través de Gestagua) constituyen un «fraude de ley» por cuanto que «se hizo con el ánimo de eludir el derecho de tanteo del accionista público». Y además, concluye que cuando solo hay una empresa privada en el consejo de administración no puede concentrar más del 49% de los títulos.

El concejal de Urbanismo señaló que el análisis jurídico hecho por los empleados públicos es «demoledor» y va en la línea de permitir la municipalización de la gestión integral del agua, algo que ha sido siempre un objetivo del pacto de gobierno pero que hasta ahora no se había podido materializar por el alto coste indemnizatorio que hubiera supuesto deshacer la sociedad, en su forma actual de economía mixta.

Pero ahora el Ayuntamiento puede pasar a controlar el 51% de Emalsa si los tribunales le dan la razón en su demanda para poder ejercitar el derecho de tanteo sobre el 17% de las acciones que supuestamente Saur tiene de más.

Doreste entiende que si el problema se pudiera resolver con un pacto con Saur al margen del proceso judicial abierto, en el sentido de que la ciudad le comprara ese 17% de los títulos, sería mejor para todos. «Si durante el proceso, la empresa nos quiere vender ese 17%, pues miel sobre hojuelas», aseguró el concejal de Urbanismo.

En todo caso, el edil no quiso adelantar el coste que tendría esta operación porque el valor de las acciones tiene un precio tasado que no se corresponde con el de mercado.