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Discrepancias entre los magistrados de la Sala de lo Penal TSJC en delitos sexuales
Tribunales

Discrepancias entre los magistrados de la Sala de lo Penal TSJC en delitos sexuales

Este año Lorenzo y Doreste han revocado hasta tres sentencias condenatorias de la Audiencia Provincial con el voto particular de Bellini

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 2 de mayo 2024, 22:52

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En lo que va de 2024, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha revocado hasta tres sentencias condenatorias procedentes de la Audiencia Provincial de Las Palmas en delitos sexuales con el sentir mayoritario de los magistrados Juan Luis Lorenzo y Antonio Doreste, pero con el voto particular discrepante de su compañera Carla Bellini.

Este hecho se produjo también en más ocasiones en el pasado ejercicio judicial de 2023, lo que denota una discrepancia notoria en el criterio mantenido en materia de delitos sexuales de, por una parte, del presidente del TSJC y su expresidente –Lorenzo y Doreste– y la otra magistrada componente de la Sala de lo Penal.

La última sentencia revocada por esta Sala que contó con un voto disidente es de fecha 9 de marzo y anulaba una condena de cinco años de cárcel por abusos sexuales continuados a una menor de 16 años con prevalimiento, impuesta por la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas en julio de 2023.

En primera instancia, el fallo condenó al acusado al entender que entre los años 2011 y 2019, en su domicilio familiar de la capital grancanaria, abusó de su hijastra que tan sólo entre cinco y 13 años. Todo ello, «aprovechando la diferencia de edad, la situación de confianza al tratarse de su padrastro y el escaso desarrollo intelectual de menor». Indica el fallo que «le realizaba tocamientos en sus pechos, en su vagina y en su trasero por encima y por debajo de la ropa», unos hechos que le produjo «una elevada sintomatología postraumática».

Tras el recurso interpuesto por la defensa, impugnado por Fiscalía y acusación particular, la ponente Carla Bellini entendió en la deliberación que la sentencia era correcta pero contó con la discrepancia de sus dos compañeros de Sala, por lo que se acordó el cambio de ponente pasando esta condición a Antonio Doreste.

Los magistrados en su argumentación describieron que no había «más prueba que la declaración de la menor», sin «elementos corroboradores», lo que ya «conduciría a la conclusión absolutoria», a lo que le sumaron «los déficit de credibilidad subjetiva» y la concurrencia de «un elemento de periférico de descargo en pro de la difícil verosimilitud de los hechos».

Hubo, además, «imprecisión de las fechas de los hechos», por lo que existía un «riesgo de afectación» a la presunción de inocencia «extremo» que la Sala «no puede asumir, quedando en la duda sobre la veracidad de los hechos, lo que conduce a la aplicación del principio 'in dubio pro reo'», detalló la sentencia.

El voto disidente sostiene que la «credibilidad que ofrece la víctima por su coherencia, espontaneidad y su estado de ánimo en su declaración ante el juez instructor, su tristeza y su soledad», es concluyente. Además, atiende a la «ausencia de móvil espurio alguno, pues no se advierte causa alguna por la cual la menor, quisiera mantener su versión durante años», añade Bellini.

Estos factores derivan en una «absoluta persistencia en la incriminación, a pesar de las mutaciones que dicha versión pueda haber experimentado, fruto del profundo temor que siente». Cuestiones que el voto particular «estima suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia» que asistía al acusado, que fue absuelto por mayoría.

Segundo caso

La otra sentencia que fue revocada, de fecha 23 de enero, también la dictó la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas y tuvo como ponente en la Sala de lo Penal al magistrado Juan Luis Lorenzo Bragado, que compartió nuevamente criterio con su compañero Antonio Doreste Armas y tuvo el voto discrepante de Carla Bellini Domínguez.

El fallo de instancia había condenado a un padre a cinco años y cuatro meses de prisión por un delito de abuso sexual sobre menor de 16 años cometido sobre su hija, en unos hechos que se produjeron en 2018.

La sentencia sostuvo que el encausado, cuando la menor contaba entre 6 y 7 años, aprovechó el tiempo que la niña permanecía con para «tocarle la vulva a su hija con los dedos por debajo de su ropa interior, así como a cogerle y tocarle los glúteos de ésta».

La sentencia del TSJC estimó el recurso –también impugnado por Fiscalía y acusación particular– y sostuvo que no contaba «más que con la escueta, vaga y contradictoria declaración de la menor», con dos «testigos de referencia puros» que fueron la abuela y la madre de la víctima y con una «pericial psicológica neutra», un cuadro probatorio «insuficiente». «No solo no hay elementos corroboradores periféricos de cargo, sino que, insistimos, se aprecian contradicciones relevantes que debilitan la credibilidad objetiva y la persistencia del testimonio de la menor», indicó la mayoría de la Sala de lo Penal.

Volvió a discrepar Carla Bellini en su voto particular argumentando que el testimonio de la menor era creíble y, además, no cabe «apreciar un ánimo de venganza» y tampoco «un deseo de ocasionar un mal a su padre». Es más, abunda, «manifestó los hechos a su abuela de forma espontánea cuando esta le advirtió sobre posibles tocamientos, cuando dijo 'mi padre me hace eso'».

Abuso y exhibicionismo

Por último, la tercera sentencia revocada es de fecha 31 de enero y tenía como ponente a Doreste con un nuevo voto particular de Bellini. En esta ocasión, revocaron una condena dictada por la Sección Segunda de dos años y nueve meses de cárcel por abusos a menor de 16 años y exhibicionismo.

Los hechos probados describieron que entre 2014 y 2016, el acusado abusó de la hija de su pareja en Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas) cuando «agarró a aquella por el trasero».

En el mismo periodo de tiempo, este individuo «exhibió a la menor sus genitales en varias ocasiones, manoseándose a veces los mismos».

La sentencia estimó un recurso de apelación –que se planteó «defectuosamente»– al entender que la menor era una «mentirosa compulsiva», como así la calificó su propia madre y también al dar por válido una pericial psicológica que determinó que no se pudo «establecer una relación directa y unívoca entre la sintomatología observada –en la perjudicada– y los hechos relatados».

Tampoco constataron «la presencia de elementos corroboradores periféricos».

La magistrada Bellini sí dio credibilidad al testimonio de la menor «al concurrir los parámetros que el Tribunal Supremo señala» y no apreció tampoco móvil espurio alguno en su denuncia.

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