La defensa de José Hilarión declara que no malversó 300.000 euros del Ayuntamiento de La Oliva: «Ha tenido mala suerte»
La Fiscalía pide ocho años de prisión para el antiguo tesorero del consistorio de este municipio del norte de Fuerteventura
Ocho años después, el juicio contra José Hilarión Cabrera, tesorero accidental del Ayuntamiento de La Oliva de Fuerteventura, entre 1991 y 2017, arrancó este lunes en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas y ante un Tribunal de Jurado, que será el encargado de declararle culpable o no de los presuntos delitos de los que le acusa la Fiscalía: falsificación de documento público, malversación y prevaricación.
Según recoge esta parte en su escrito de acusación, el acusado presuntamente se apropió de la cantidad de 303.410,30 euros por lo que pide ocho años de prisión e indemnizar al ayuntamiento con el supuesto dinero malversado.
El Ayuntamiento de La Oliva también formuló escrito de acusación contra su antiguo tesorero, con una petición de pena similar a la de la Fiscalía.
Arcadio Díaz, el presidente del tribunal, dio paso a los planteamientos iniciales de cada parte. El Ministerio Fiscal -por medio del fiscal Carlos Fernández- expuso al jurado popular que es «sencillo» de entender. «El encausado ejerció labores de tesorero en La Oliva y después de muchos años había un descuadre de una cantidad importante de dinero. Unos 304.000 euros», sostuvo.
Por su parte, Sonia Álvarez, letrada que ejerce la acusación particular del ayuntamiento de La Oliva, solicitó una «pena condenatoria» para Cabrera. «Esto se descubrió en 2017 cuando entró un nuevo interventor que pide hacer un arqueo de caja. El acusado fue dando largas por distintos motivos y se negó a entregar la llave de la caja», detalló esta parte en su planteamiento de informes. «En otro juicio se condenó al acusado porque hubo un alcance. Esto quiere decir que ese dinero falta y que es el responsable», sentenció la abogada.
«En otro juicio se condenó al acusado porque hubo un alcance. Esto quiere decir que ese dinero falta y que es el responsable»
Sonia Álvarez
Letrada que ejerce la acusación particular del ayuntamiento de La Oliva
La defensa del encausado, que la ejerce Ignacio Calatayud y su sustituto es Jorge Cuadra, fue contundente en su alegato inicial: «Este hombre ha tenido mucha mala suerte. Está aquí por falta de profesionalidad de personas que no han hecho bien su trabajo». Esta parte expuso que hay dos principios «claves» que, a su juicio, no van a poder ser probados.
El primero de ellos es que las cuentas eran un «disparate». «La contabilidad era una chapuza y era errónea. Tenemos dos documentos del mismo día en el que hay cifras diferentes», aseveró el letrado a la sala. El segundo de los factores «esenciales» es que «no van a poder demostrar» que Cabrera se enriqueció con este dinero. «Es raro que alguien que coja 300.000 euros y no cancele la hipoteca... si observan su listado de gastos verán que es continuo», detalló la defensa.
«La Fiscalía y la acusación particular tienen que demostrar lo contrario y lo tienen muy difícil. Si estos hechos no quedan probados debe quedar absuelto», añadió. «Todo el mundo podía tener acceso a la caja... Nuestro cliente lleva ocho años sufriendo, tiene todo embargado...», finalizó.
El magistrado, antes de levantar la sesión, preguntó a las partes si tenían alguna cuestión previa. La defensa entregó documentación de su representado como sus movimientos bancarios, la compra de vehículos o la hipoteca del pago de la casa. Fiscalía y acusación particular no se opusieron.
El presidente del tribunal dio por concluida la primera jornada de un juicio que acoge la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas y que continuará este martes con la intervención de hasta 13 personas, diez testigos y tres peritos.
Las partes piden «responsabilidad» y «sentido común» al jurado
La Fiscalía comenzó su planteamiento inicial poniendo en contexto y situando al jurado popular. Hizo una radiografía de las diferentes partes que intervendrán en esta causa y aclaró que no espera que sepan sobre administración de empresa, de contabilidad o de matemática financiera. «Ustedes no van a dictar ninguna sentencia. Solo se van a pronunciar sobre que hechos quedan probados en este juicio», expuso el fiscal Carlos Fernández. Por ello, Fiscalía, acusación particular y defensa pidieron «responsabilidad» y «sentido común».
