Los decanos alertan de una implantación «precipitada» de los Tribunales de Instancia y piden tiempo
Entre los firmantes se encuentra Juan Avello, juez responsable del decanato de Las Palmas de Gran Canaria
Los jueces decanos de las grandes ciudades españolas han hecho público un comunicado conjunto en el que expresan su «preocupación» por el proceso de implantación de los Tribunales de Instancia previsto en la Ley Orgánica 1/2025. Entre los firmantes se encuentra Juan Avello, juez decano de Las Palmas de Gran Canaria, cuya circunscripción está incluida en esta tercera fase de adaptación.
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Los decanos recuerdan que los partidos judiciales afectados concentran «el mayor volumen de litigiosidad» del país al tratarse de capitales de provincia y ciudades con un elevado número de juzgados. A menos de dos meses del plazo fijado para poner en marcha el nuevo modelo, sostienen que la transformación se pretende aplicar sin la debida preparación.
«No contamos ni con todos los medios ni con una suficiente planificación que permita garantizar su eficacia», advierten, alertando de que esta situación «puede poner en riesgo la adecuada prestación del servicio público en perjuicio de la ciudadanía y de los profesionales afectados».
Los jueces decanos aseguran haber ofrecido su colaboración desde la entrada en vigor de la ley, pero denuncian la ausencia de estructura definida en aspectos clave. «No contamos a fecha de hoy ni con el diseño organizativo interno de los Servicios Comunes [...] ni con la distribución de tareas entre el personal, ni con la designación por parte del Ministerio de Justicia de todos los directores y jefes de área que deben liderar la implantación», señalan.
También advierten de la falta de medios materiales para una transición efectiva antes del 31 de diciembre de 2025, como la adecuación de plazas judiciales, concentración de sedes, modernización tecnológica o la migración de miles de expedientes judiciales.
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«Muchos de estos Tribunales carecen de los medios exigibles para que la transición sea posible», apuntan, mencionando especialmente la necesidad de una «reubicación adecuada de los espacios físicos» y de sistemas informáticos adaptados al nuevo modelo.
El comunicado insiste en que la implantación debe ser progresiva y ajustada a la realidad de cada territorio. «Entendemos imprescindible contar con un margen de tiempo suficiente que garantice que la implantación se realice de forma progresiva y con la adecuada planificación», concluyen.
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A la declaración se han adherido los decanos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Palma, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional y, en el caso de Canarias, los de Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote y Santa Cruz de Tenerife.
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