Condenan a un preso por abusar de una funcionaria

El recluso tocó las nalgas de la trabajadora en uno de los módulos de Salto del Negro. Fue penado a un año de cárcel y el pago de una indemnización

Imagen de archivo de medios de comunicación en los exteriores de Salto del Negro. / ARCADIO SUÁREZ
Imagen de archivo de medios de comunicación en los exteriores de Salto del Negro. / ARCADIO SUÁREZ
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO

El Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado de conformidad a un interno del Centro Penitenciario Las Palmas I (Salto del Negro) por un delito de abuso sexual cometido sobre una funcionaria. La sentencia impone al reo una pena de un año de prisión, 500 euros de indemnización por daños morales y una orden de prohibición de aproximarse a la víctima y comunicarse con ella por espacio de tres años, todo ello pro haberle tocado el culo mientras trabajaba en un módulo.

Los hechos sucedieron el 3 de julio de 2020 a las 9.20 horas, instante en el cual la funcionaria de prisiones acudió a la Sala Común para avisar a los internos del módulo del reparto de medicación. Fue en este momento cuando, al darse la vuelta y salir al patio, el interno condenado aprovechó y, con la mano derecha, tocó el glúteo de la funcionaria.

Inmediatamente, la funcionaria reclamó al interno su actitud y éste, «lejos de reconocer los hechos», alegó que había sido «sin querer», detalla la sentencia firme. La trabajadora del centro penitenciario redactó el correspondiente parte de hechos y, por orden del jefe de servicios, el interno fue trasladado al denominado como Módulo de Observación.

Este ataque a la indemnidad sexual de la funcionaria fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales y el pasado viernes día 19 de marzo, el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria dictó una sentencia de conformidad, puesto que el interno reconoció los hechos y admitió su culpabilidad.

Agentes de la autoridad

En este sentido, los responsables de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) consideran que esta sentencia condenatoria es «ejemplarizante» y va dirigida a «promover y garantizar que estas situaciones no vuelvan a producirse» en los centros penitenciarios del país.

Sin embargo, desde CSIF denuncian que «estas situaciones» se producen «por la escasez de funcionarios y funcionarias en los centros penitenciarios que hacen que, en el día a día de su jornada laboral y en la mayoría de los actos regimentales , se encuentre un solo efectivo con cientos de internos», una circunstancia que «aumenta la peligrosidad y probabilidad de que puedan sufrir situaciones constitutivas de delito», apunta este colectivo.

Además, para evitar futuras agresiones a los trabajadores y como medida disuasoria, CSIF considera «fundamental» que los funcionarios de las instituciones penitenciarias «sean considerados por ley como agentes de la autoridad», una figura jurídica que llevan «reclamando» años al Gobierno. «No es lógico, que si una persona es detenida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son agentes de la autoridad, son juzgados por un juez que es autoridad y que decreta su ingreso en prisión», recuerdan. Pero sin embargo, los funcionarios y funcionarias que «son los encargados de su retención y custodia durante años y que además deben trabajar por la reeducación y reinserción social del interno, no lo sean», finalizan.

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El Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado de conformidad a un interno del Centro Penitenciario Las Palmas I (Salto del Negro) por un delito de abuso sexual cometido sobre una funcionaria. La sentencia impone al reo una pena de un año de prisión, 500 euros de indemnización por daños morales y una orden de prohibición de aproximarse a la víctima y comunicarse con ella por espacio de tres años, todo ello pro haberle tocado el culo mientras trabajaba en un módulo.

Los hechos sucedieron el 3 de julio de 2020 a las 9.20 horas, instante en el cual la funcionaria de prisiones acudió a la Sala Común para avisar a los internos del módulo del reparto de medicación. Fue en este momento cuando, al darse la vuelta y salir al patio, el interno condenado aprovechó y, con la mano derecha, tocó el glúteo de la funcionaria.

Inmediatamente, la funcionaria reclamó al interno su actitud y éste, «lejos de reconocer los hechos», alegó que había sido «sin querer», detalla la sentencia firme. La trabajadora del centro penitenciario redactó el correspondiente parte de hechos y, por orden del jefe de servicios, el interno fue trasladado al denominado como Módulo de Observación.

Este ataque a la indemnidad sexual de la funcionaria fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales y el pasado viernes día 19 de marzo, el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria dictó una sentencia de conformidad, puesto que el interno reconoció los hechos y admitió su culpabilidad.

Agentes de la autoridad

En este sentido, los responsables de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) consideran que esta sentencia condenatoria es «ejemplarizante» y va dirigida a «promover y garantizar que estas situaciones no vuelvan a producirse» en los centros penitenciarios del país.

Sin embargo, desde CSIF denuncian que «estas situaciones» se producen «por la escasez de funcionarios y funcionarias en los centros penitenciarios que hacen que, en el día a día de su jornada laboral y en la mayoría de los actos regimentales , se encuentre un solo efectivo con cientos de internos», una circunstancia que «aumenta la peligrosidad y probabilidad de que puedan sufrir situaciones constitutivas de delito», apunta este colectivo.

Además, para evitar futuras agresiones a los trabajadores y como medida disuasoria, CSIF considera «fundamental» que los funcionarios de las instituciones penitenciarias «sean considerados por ley como agentes de la autoridad», una figura jurídica que llevan «reclamando» años al Gobierno. «No es lógico, que si una persona es detenida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son agentes de la autoridad, son juzgados por un juez que es autoridad y que decreta su ingreso en prisión», recuerdan. Pero sin embargo, los funcionarios y funcionarias que «son los encargados de su retención y custodia durante años y que además deben trabajar por la reeducación y reinserción social del interno, no lo sean», finalizan.

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