Condenado a la pena mínima por tener 64 tortugas prohibidas dentro de su finca en San Mateo
El acusado colaboró con la investigación y, tras ser requerido al abono de la multa, manifestó: «Es mi trauma de vida, quiero pagarlo ya»
El Juzgado de lo Penal 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a un vecino de San Mateo al pago de una multa de 1.920 euros por un delito contra la fauna al mantener en su finca 64 ejemplares de tortugas terrestres de especies protegidas por el Convenio Internacional Cites.
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La sentencia impone al procesado F.F. la pena mínima prevista en este tipo de delitos, después de que este reconociera los hechos y manifestara su intención de reparar el daño. Durante la vista, el acusado –defendido por el abogado Fidel Rodríguez– dijo a la magistrada que quería abonar la multa de inmediato: «Es mi trauma de vida, quiero pagarlo ya», manifestó afectado.
Según la fiscal, este hombre mantuvo durante años en su vivienda de San Mateo, un total de 64 tortugas de tierra pertenecientes a las especies Testudo marginata (tortuga griega o marginada), Testudo hermanni (tortuga mediterránea) y Testudo graeca (tortuga mora), todas ellas protegidas por la legislación internacional y española.
La Guardia Civil, a través del Seprona, intervino los ejemplares el 27 de marzo de 2025 tras obtener autorización judicial para entrar en la finca. Los agentes también localizaron una incubadora con restos de huevos eclosionados, indicios de posible cría, y diversa documentación relacionada con los animales.
Posteriormente, el acusado comunicó por correo electrónico a los agentes encargados de esta investigación el hallazgo de cuatro nuevas tortugas, que no habían detectado en la entrada y registro, y que entregó voluntariamente a la Fundación Neotrópico, que se encarga de la custodia de los ejemplares decomisados.
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En el Convenio Cites
Los informes periciales confirmaron que las especies halladas se encuentran incluidas en el Convenio Cites que regula la protección de fauna y flora silvestres. Además, dos de ellas —Testudo graeca y Testudo hermanni— están catalogadas en España como vulnerable y en peligro de extinción.
La legislación prohíbe expresamente la tenencia, compra y venta de estos animales sin la documentación acreditativa que justifique su origen legal.
La operación se inició en 2024, cuando la Guardia Civil recibió una denuncia anónima alertando de la presencia de tortugas protegidas en una finca de San Mateo. El Seprona realizó las primeras comprobaciones y constató la existencia de más de 40 ejemplares, que posteriormente se ampliaron hasta 65 tras nuevas inspecciones.
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La Guardia Civil destacó en el momento de la detención que la investigación se prolongó durante más de un año y subrayó el riesgo que suponía para la biodiversidad la tenencia irregular de especies exóticas o amenazadas, recordando que estas conductas pueden constituir delito o infracción administrativa. Con esta actuación, la Guardia Civil sostuvo que reaformaba su «compromiso con la lucha contra el tráfico ilegal de especies protegidas, velando por el cumplimiento de la legislación vigente y la conservación de la biodiversidad en nuestro país».
La magistrada Mónica Oliva Gutiérrez acordó además el decomiso definitivo de los animales y de la incubadora, así como su adjudicación al Gobierno de Canarias.
El fallo dictado 'in voce' por la autoridad judicial tuvo en cuenta la atenuante de reparación del daño, ya que el acusado colaboró con las autoridades en todo momento y entregó voluntariamente los ejemplares restantes tras la primera intervención.
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