Un colectivo de abogados firma un manifiesto en defensa de Carmelo Batista

No todos los profesionales que han de pleitear en los Juzgados de lo Social piensan y actúan así. No somos lo mismo. Ni mejores ni peores, simplemente muy diferentes.

Unos, en esta confrontación, miden el derecho de las personas trabajadoras en términos de coste, del dinero que cuesta, en definitiva de si es caro o barato, defendiendo elementos puramente mercantilizadores del valor del trabajo. Otros por el contrario, lo relacionan con el derecho al trabajo reconocido en la Constitución y reivindican la importancia jurídica, social y económica del trabajo como forma de existencia de la mayoría de la población y como condición de ciudadanía.

Y ese conflicto entre quienes defienden las diferencias de clase y promueven la discriminación por ese motivo, frente a los que combaten el clasismo y luchan por avanzar en la igualdad, tiene múltiples variables. Y probablemente la que mayor notoriedad adquiere en la Jurisdicción Social es la del perfil de los juzgadores, la de las juezas/jueces y magistradas/magistrados a los que se les encargan resolver las controversias aplicando el derecho vigente. Porque tampoco todos piensan y actúan en ese conflicto de la misma manera. No son iguales. Ni mejores ni peores, simplemente muy diferentes.

En el momento actual, el derecho de las personas trabajadoras está mayoritariamente instalado en el lenguaje del dinero y de la imposición del poder privado que éste materializa, un lugar en el que se obstina en mantenerlo una interpretación jurisprudencial cuyo discurso es mayoritariamente neoliberal y una doctrina que acepta sin apenas contraste estas tendencias.

Sin embargo insistimos, no todos las juezas/jueces y magistradas/magistrados son iguales. Son muchos los que al contrario de los anteriores, reconducen los derechos de los trabajadores al lenguaje de los derechos, de la interpretación progresista de las normas, de la aplicación sin complejos del principio «in dubio, pro operario», de ejercer de tutelantes de los derechos de quienes ocupan una posición de inferioridad en el contrato de trabajo. Muchos avances se han conseguido en el campo de la lucha de clases gracias al magnífico trabajo y valentía de estas juezas/jueces y magistradas/magistrados. Y Canarias no es una excepción.

En la última semana se ha desatado una campaña de acoso y derribo contra el magistrado canario Carmelo Batista, titular del juzgado de lo Social nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, aprovechandose perversamente un incidente con un letrado en el que se reprocharon determinado comportamiento, habiéndose «sacado de madre» algo que por desgracia se produce diariamente en los Juzgados dada la tensión que se vive en los mismos y que se ha de resolver, tras el acaloramiento inicial, hablando. Nada grave. Ningún perjuicio para nadie. Usando el argot futbolístico, se trató de un «problema de vestuario» que siempre se arregla amistosamente con cortesía y respeto. Así ha sido siempre.

Pero ahora no. Ahora este incidente interesa que vaya a más. Y quien «saca de madre» este incidente –lo tenemos muy claro-, son precisamente de los que antes hablamos: los mercantilizadores del derecho del trabajo que desde hace tiempo han convertido al magistrado Carmelo Batista en la diana a batir. Son sabedores de que su impecable trabajo –resulta curioso que incluso reconozcan la alta calidad técnica de la fundamentación de sus resoluciones- está oradando la interpretación y aplicación del derecho desde la óptica reaccionaria y a su vez, está creando escuela en otra forma de aplicar el derecho respetando la legalidad vigente.

Los que quieren «sacar de madre» el famoso incidente, como siempre están detrás. Exageran torticeramente su gravedad. Usan concentraciones convocadas para otros legítimos objetivos, introduciendolo con calzador y a las que no asisten. Su cobardía les impide dar la cara. Inundan las redes sociales. Usan y abusan de la buena voluntad de las abogados y abogados de base jóvenes que cada día patean los juzgados y que viven en una situación de absoluta precariedad dados los momentos difíciles que se atraviesa en el servicio público de la justicia. Y usan y abusan hasta del propio abogado del incidente, al que no es difícil presagiar que ante el tono que están adquiriendo los acontecimientos, dejarán «tirado en la cuneta», haciendolo único responsable de lo acontecido.

Y por ahí no pasamos nosotros. Si se toca la honestidad, honorabilidad y buen hacer como impecable magistrado progresista de Carmelo Batista, es como si se nos tocara a cada uno de nosotros. Y vamos a defenderlo y defendernos.

Advertimos a la cúpula del Colegio de Abogados de Las Palmas que de secundar esta torticera campaña, estará creando un cisma en el colectivo de la abogacía con consecuencias de muy difícil reparación».