El acusado, durante la vista oral celebrada ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. / F. J. FAJARDO

Cárcel por practicar sexo con una menor alegando que no sabía que era delito

El acusado declaró que las relaciones eran consentidas porque la joven, de 14 años, era su pareja. Él tenía 28 en el momento de los hechos

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

Cinco años de cárcel es la pena que ha impuesto la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas a un individuo por haber mantenido relaciones sexuales con una menor de 14 años -él tenía 28 en el momento de los hechos-.

El Tribunal apreció la concurrencia del error vencible de prohibición - cuando el que comete el delito lo hace en la creencia de estar actuando lícitamente- a la hora de imponer la condena, puesto que el individuo y la joven manifestaron en todo momento que las relaciones «fueron consentidas». Por contra, desestimó la petición de la defensa de que se le aplicara como muy cualificada la circunstancia atenuante de reparación del daño, después de haber consignado previamente al juicio 6.000 euros.

La sentencia entiende como hechos probados que el procesado Francisco Javier Santana Afonso, tras conocer por redes sociales a la entonces menor, durante los meses de marzo y abril de 2017 y con el ánimo de «satisfacer sus deseos sexuales», mantuvo con la misma, «en varias ocasiones», relaciones sexuales con penetración. El acusado, determina el fallo, no era «plenamente consciente» de que mantener relaciones sexuales con una menor de 16 años constituía un ilícito penal al contar con familiares -un hermano suyo- que había tenido descendencia con 14 años.

Entrando en el análisis de los hechos punibles, la Sala reconoce que la autoría del delito es indiscutible porque existe un reconocimiento de los mismos por parte del acusado, aunque la discusión se centra en la concurrencia o no del antes mencionado error de prohibición que se negó por el Ministerio Fiscal y se afirmó por la acusación particular y la defensa, que interesaron de forma conjunta una pena de dos años para el acusado.

El magistrado ponente Carlos Vielba Escobar expuso que se trata de un «caso límite» ya que el procesado había reconocido que sabía la edad de la menor desde el inicio de la relación, si bien afirmó que la misma -a la que doblaba la edad- era «madura de cuerpo y mente», un hecho que descartaron los psicólogos forenses al afirmar que la joven presentaba la madurez propia de su edad. Por otro lado, para determinar la existencia del error, en nada afectó a la Sala que la víctima afirmara que el procesado no le dijo su verdadera edad -primero 22 y luego 24 años-, como tampoco le influyó que declarara que si alguien tuviera relaciones con un familiar de 14 «le abriría la cabeza», como expuso el procesado a la menor, pues «estas reacciones coléricas, basadas más bien en reproches morales o sociales, no influyen en la antijuricidad de la conducta».

De esta forma, el fallo se centró en si el procesado era o no consciente de la ilicitud de sus actos. La Sala declaró probado que no lo era, «pues se representó falsamente la corrección de sus actos», por más que «no los aceptaría si fuera un familiar el que los efectuara» al contar con un hermano que con 14 años tuvo un hijo», contando igualmente con el consentimiento expreso y evidentemente inválido, de la entonces menor. Tampoco obvia la resolución un dato que puso de relieve en su informe la abogada de la defensa, Soraya del Toro: el tiempo transcurrido desde la reforma de la Ley Orgánica de 2015 -que elevó la edad del consentimiento sexual a los 16 años-, a la fecha de la comisión de los hechos. «No es que queramos decir que el procesado debiera conocer esta reforma, sino que la misma todavía no había alcanzado una amplia difusión por lo que no era socialmente conocida», destaca la sentencia. «Este conocimiento no era general, por lo que asumimos la falsa representación de licitud de sus actos que tuvo el procesado, eso si se trata de una falsa representación, léase error vencible como postulan las partes que lo proponen», añade.

En cuanto a los efectos penológicos de este error y teniendo en cuenta la Sala, como apuntó previamente, «que se trata de un supuesto límite, muy al límite», entendió como adecuada la aplicación de la pena inferior en un grado, a lo que añadió la atenuante de la carencia de antecedentes del procesado y la falta de contacto con la menor desde que se efectuó la denuncia y la fecha de los hechos.

Por estos motivos, la Sección Sexta impuso una pena correspondiente al mínimo legal de cinco años en este tipo de delitos, en contra de los diez interesados por el Ministerio Fiscal.