Una de las pintadas que se efectuaron en el parque central de Miller. / c7

El Ayuntamiento recurre el archivo de la denuncia por los actos vandálicos en los parques de bomberos

Los agentes denuncian una caza de brujas y anuncian acciones judiciales contra el grupo de gobierno

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

La tensión en el cuerpo de Bomberos se agudiza y va encaminada a tener cada vez más visibilidad en la calle, con manifestaciones como las que este viernes recorrerá la distancia entre el parque de San Telmo y la plaza de Santa Ana , y más presencia en los juzgados. El reciente auto que archivaba la denuncia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contra nueve bomberos por las pintadas y los actos vandálicos en los parques va camino de convertirse en una larga batalla judicial.

Por un lado, el Ayuntamiento ha recurrido ya el sobreseimiento del caso. El recurso fue dado a conocer este miércoles por el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo. «Está recurrido ya. Son situaciones denunciables y deleznables, no se puede permitir el acoso a compañeros, no se puede presionar a nadie, más allá de la legalidad. Estamos protegiendo a los trabajadores, en este caso a los mandos… desconozco el resultado, pero nuestra labor es garantizar que todos los trabajadores están protegidos», expuso.

Los servicios jurídicos denunciaron a nueve agentes por la presunta comisión de los delitos de coacción, calumnias con publicidad, injurias y daños en bienes de dominio público, como supuestos autores de las pintadas, ataques a taquillas y vehículos de algunos agentes, y algunas expresiones proferidas en una cuenta de Twitter.

Sin embargo, el auto judicial ahora recurrido desmonta la acusación municipal por falta de concreción. Así, en el caso de coacciones, se señala que «no constan ni indiciariamente acreditados e individualizados a los efectos de su valoración»; respecto de las calumnias se apunta que «las expresiones vertidas no integran dicho tipo penal, en relación con el contencioso laboral 'Inter partes'»; lo mismo refiere de las injurias; y, por último, en cuanto a los daños en bienes de dominio público, «no constan datos individualizados de participación concreta de los denunciados».

El archivo de la denuncia que acaba de recurrir sirve también de munición para los agentes que están en conflicto con la administración. Así, el portavoz de la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB), Daniel Ojeda, entiende que « esta caza de brujas por parte del alcalde es un sinsentido que tiene como fin coartar la libertad sindical y acallar las protestas del personal por las condiciones de trabajo en las que nos tiene metido este grupo de gobierno».

Ojeda lo entendió como «un abuso por parte del alcalde», ya que «ha utilizado los recursos del Ayuntamiento y el dinero del pueblo para perseguirnos, amedrentarnos y poner a familias en vilo, pidiendo hasta siete años de cárcel».

Por eso, USPB anuncia que «iniciaremos los trámites perjudiciales pertinentes para denunciare este acoso, este asalto a la libertad sindical y al honor, interponiendo todas las demandas necesarias para que el alcalde no salga impune de esta fechoría mafiosa».

También pidieron al grupo de gobierno que desistiera de su recurso. «No utilice el dinero de la ciudad si no para mejorarla del abandono en la que la tiene sumida y que nos dote de los medios necesarios que merecen los ciudadanos», concluyó.

Para el portavoz de Comisiones Obreras (CC OO), Víctor Monzón, la denuncia del Ayuntamiento «no se orientó por el deber de poner en conocimiento de la justicia hechos delictivos, sino que se limitó a presentar un escrito atropellado de insinuaciones, rumores y vagas acusaciones».

Por eso, solicita al alcalde que se avenga a negociar con los sindicatos «la forma en que se viene prestando el servicio en la ciudad, que es manifiestamente mejorable dada la precariedad con la que hoy se sigue haciendo».

Desde UGT, Ángel Sánchez estima que se montó «una demanda para intentar amedrentarnos y que no siguiéramos con nuestras reivindicaciones». Para él, la querella no tenía fundamento porque «lo único que estábamos haciendo era defender el interés del colectivo, que está sufriendo un atropello por parte de la administración, con los equipos de protección de intervención caducados, los contratos atascados, sin agua de beber en los parques y las instalaciones de Miller Bajo insalubres, con baños rotos y con hongos, las camas en mal estado…».

Asegura que todas estas carencias han sido denunciadas ya ante la Inspección de Trabajo. Pero anuncia también que «los sindicatos emprenderemos acciones legales porque se ha vulnerado el derecho de sindicación y de defensa de los trabajadores».

Pese a estas diferencias y la implantación de una parte del conflicto en el ámbito judicial, el alcalde dijo que el gobierno está abierto a la negociación. «No existe reglamentariamente un conflicto colectivo, es una situación generada fuera de los cauces legales, pero esperamos que la situación se normalice con la negociación», expuso, «la tensión es normal en los procesos de negociación».

Augusto Hidalgo señaló que «en las condiciones laborales es donde más avances puede haber» ya que «desde el punto de vista retributivo, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se retribuye muy bien a los trabajadores».

En todo caso, entiende que estos problemas «no tienen que enturbiar el día a día del trabajo de los bomberos».