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El Ayuntamiento capitalino se plantea la elaboración de un estudio que cambiará la política tarifaria de Emalsa. Las líneas básicas de esta modificación pasan por rebajar el rec ibo a los consumidores que gasten poca agua y por subir las tarifas a aquellos hogares que tengan un consumo excesivo. Y lo que se busca es tratar de reducir los despilfarros en el uso de agua desalada para tratar de ahorrar costes energéticos de producción y, por consiguiente, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en consonancia con los objetivos del Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía a nivel europeo.
Así consta en el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (Paces) que el Consistorio capitalino acaba de aprobar. La acción en concreto ha sido bautizada con el nombre de 'Remodelación de las tarifas de agua, primando ahorro vías tarifas incentivadoras y disuasorias».
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Se busca tener listo, en un plazo de dos años, un informe que determine los niveles de consumo aceptables y los ahorros y sobrecargos que tendrá la nueva política tarifaria.
«Se elaborará desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria un estudio que regule la adecuación de las tarifas de consumo de agua de abasto, de forma que se incentive el consumo responsable de agua», detalla la ficha de esta iniciativa, «así como el establecimiento de precios crecientes para los consumos de agua de abasto no ahorrativos».
El estudio tendrá un coste de unos 30.000 euros, según se hace constar en el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible.
El Ayuntamiento quiere atajar la reducción de emisiones de dióxido de carbono que genera el ciclo integral del agua no solo desde las mejoras que se aplicarán a la producción, sino también desde la demanda. Hay que recordar que tres de cada cuatro toneladas de dióxido de carbono que generan los equipamientos e instalaciones municipales en la ciudad tienen su origen en la actividad de la gestión del agua.
La medida engarza con lo anunciado por el Ayuntamiento a fines de 2020, cuando durante la presentación del plan de modernización del ciclo del agua, se informó de las líneas principales de esta iniciativa, que se espera que beneficie a un 85% de las familias de la capital grancanaria en forma de ahorro de la factura del agua. «Quien derrocha y contamina, paga», llegó a decir en aquel momento la concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina. Estaba previsto que la medida se aplicara en 2021 pero sigue sobre la mesa.
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