Ascav se plantea llevar la norma del piso turístico a la Comisión de la Competencia
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional anuncia también un recurso propio contra la regulación incluida en el Plan General
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) anunció este jueves una doble batalla legal contra la regulación del piso turístico que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha incluido en el Plan General de Ordenación (PGO). Por un lado, se va a presentar un recurso contra el acuerdo plenario que impulsará la modificación de las normas del planeamiento; y por otro se notificará también la nueva situación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para que estudie si debe recurrir la iniciativa municipal.
«Ya lo han hecho a través de la Abogacía del Estado con otras regulaciones que no son tan restrictivas en San Sebastián, Bilbao o Madrid», explicó ayer el vicepresidente de Ascav, Javier Valentín.
«Nuestra posición es contraria a la regulación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria porque coarta derechos y restringe la libre competencia», prosiguió el representante de la asociación de alquiler vacacional, «por eso vamos a tomar las acciones judiciales correspondientes para impugnar la decisión».
LA TRAMITACIÓN
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2016 En diciembre de 2016 se impulsa la modificación de las normas urbanísticas para su clarificación, actualización y simplificación.
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2018 Tras la aprobación inicial del expediente, se inicia una fase de consulta a otras administraciones públicas.
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2020 Urbanismo responde al informe de la Secretaría General sobre dudas en la tramitación y lo envía al pleno.
Ascav ha venido denunciando que las exigencias que se imponen en la capital grancanaria -obligatoriedad de que el piso turístico tenga una entrada distinta a la de las viviendas residenciales cuando los dos usos convivan en el mismo edificio, así como la exigencia de que los pisos turísticos estén siempre en niveles inferiores a las casas- suponen en la práctica una prohibición de esta actividad, que de acuerdo con sus cálculos mueve unos treinta millones de euros cada año en la capital.
Daños al destino
El vicepresidente de Ascav aseguró que las dificultades que se imponen sobre la vivienda de uso turístico provocan «una percepción negativa del destino turístico de Las Palmas de Gran Canaria» y acusó al Ayuntamiento de «criminalizar la actividad».
Además, advirtió que el impacto económico de las restricciones podría tener consecuencias en otros sectores. «Si se ponen zancadillas, se señala al destino y se daña a toda la actividad económica que se genera alrededor».
En su opinión, la decisión del Consistorio capitalino provocará las bajas de algunos propietarios, mientras que otros recurrirán a la vía judicial para defender su fuente de recursos.
En julio de 2018 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realizó un análisis de esta nueva modalidad extrahotelera y determinó que «la expansión de las viviendas de uso turístico ha supuesto una verdadera revolución en el mercado del alojamiento turístico, generando beneficios para los usuarios, para los ciudadanos y para la economía de las ciudades».
Respecto a las regulación del mercado, el organismo advertía que debía estar motivado «por la existencia de un fallo de mercado o razón imperiosa de interés general que requiera de la intervención pública. Es decir, dicha intervención (...) debe ser proporcionada».
Solicitudes sin contestación
El vicepresidente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), Javier Valentín, lamentó la escasa voluntad de diálogo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pese a que el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, dijo estar abierto a reunirse con todas las partes, Ascav ha solicitado hasta en tres ocasiones, por registro oficial, tener un encuentro con el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo. Las peticiones entraron en las oficinas municipales el 30 de junio, el 14 de julio y el pasado 21 de julio «pero no nos han respondido todavía», lamentó el representante de Ascav.
