En la imagen, un barco pesquero en el muelle de Arguineguín. / C7

En el aire el jurado contra un oficial del puerto de Arguineguín

El acusado se encuentra ingresado y por este motivo se podría suspender el juicio que tenía previsto iniciarse el próximo lunes

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

El juicio ante el Tribunal del Jurado que estaba señalado para el próximo lunes podría suspenderse debido a la enfermedad que sufre el acusado. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas está pendiente de un dictamen del forense para determinar si aplaza o no esta vista que sienta en el banquillo a Francisco Javier A.J., un oficial de Puertos Canarias que se enfrenta a cargos por haberse quedado con las tasas de multitud de patrones de embarcaciones en el muelle de Arguineguín. La suma de estas cantidades asciende a los 11.163 euros y se le acusa de un presunto delito continuado de malversación.

Según los hechos descritos en la acusación formulada por la Fiscalía, el 1 de mayo de 2012 el acusado fue incorporado como personal laboral en Puertos Canarios. A partir de ese momento, Francisco Javier A.J. ostentó durante los años 2014 y 2015 la condición de oficial y tenía encargado, entre cuyas funciones, la recaudación de los ingresos públicos y las tarifas por las concesiones y autorizaciones otorgadas y por los servicios portuarios prestados a los usuarios.

AL DETALLE

  • 11.163 euros es la cantidad que presuntamente se apropió el acusado de los marineros.

Presuntamente, el acusado al menos desde enero de 2014 hasta diciembre de 2014, en numerosas ocasiones y aprovechando las funciones propias de su cargo, sostiene esta parte, cobró a usuarios del puerto de Arguineguín la tasa correspondiente a la Tarifa 7. La misma se refería al pago por utilizar las aguas del puerto, las obras e instalaciones portuarias que permitían el acceso marítimo y su estancia en el atraque, los elementos fijos de amarre o puestos de fondeo y los servicios generales de policía, así como el uso por sus tripulantes y pasajeros de los muelles y pantalanes del puerto, accesos terrestres, vías de circulación y los centros de estancia y recepción. Todo ello «con la consiguiente obligación de ingresar el importe de las tasas recaudadas en el patrimonio de la entidad pública empresarial Puertos Canarios», pero «sin que el encausado llevara a efecto la misma».

Entiende el fiscal que Francisco Javier A.J. una vez recibía los importes, «lejos de cumplir con la obligación impuesta de ingresar las citadas cantidades recaudadas», se quedó con ellos «incorporando los mismos definitivamente a su patrimonio y obteniendo así un beneficio económico ilícito, con el consiguiente perjuicio para Puertos Canarios.

En total, la suma que presuntamente se quedó el encausado de estas tasas correspondientes a la denominada tarifa 7, sumaba la cantidad de 11.163 euros.

Por su parte, la defensa defiende su inocencia y duda de que fueran suyas las firmas de las tasas que tenían que abonar los patrones y alega que había más empleados encargados de esa tarea.