Absuelven de amenazar a su pareja a un guardia civil que fue grabado ilegalmente

Sus caseros le dieron el audio al sargento de Gran Tarajal que lo denunció y por ello fue suspendido seis meses. La jueza lo declara inocente

En la imagen, los juzgados de Puerto del Rosario donde se celebró este juicio. / C7
En la imagen, los juzgados de Puerto del Rosario donde se celebró este juicio. / C7
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO

El Juzgado de lo Penal número 5 de Puerto del Rosario ha absuelto a un cabo primero de la Guardia Civil que fue acusado de haber amenazado y vejado a su pareja sentimental en Fuerteventura. El caso nació cuando su casera y vecina, con la que la pareja tenía serios problemas de vecindad, les grabó de forma ilegal mientras tenían una supuesta discusión dentro de su domicilio.

La magistrada admite en la sentencia la exposición formulada por el abogado del agente, Antonio Suárez-Valdés, y determina la nulidad de la grabación practicada por la vecina al haberse realizado atentando al derecho del acusado a la intimidad y al secreto de sus comunicaciones. Además, expuso el fallo que se constató que el Guardia Civil no estaba discutiendo con su mujer sino con su padre, con el que hablaba por teléfono sobre los problemas laborales que sufría con su superior jerárquico, el sargento jefe del Destacamento de Tráfico de Gran Tarajal, que fue precisamente a quien la casera envió vía móvil la grabación que realizó de forma clandestina y que duraba 40 minutos.

Además, este procedimiento causó un grave perjuicio al cabo primero que fue detenido y trasladado de uniforme al calabozo y luego lo suspendieron cautelarmente durante seis meses, pasando de cobrar 2.700 a 800 euros. Además, hasta la sentencia absolutoria, la autoridad judicial le impuso una medida de alejamiento y prohibición de comunicación con respecto a su pareja, por lo que tuvo que mudarse en pleno confinamiento.

El fallo reprocha a los caseros, que en vez de llamar y denunciar, estuvieron grabando durante 40 minutos

Los hechos ocurrieron el 7 de abril de 2020, cuando los propietarios de la vivienda donde vivía el agente con su pareja se pusieron en contacto con el sargento jefe del Destacamento de Tráfico de Gran Tarajal para facilitarle una grabación de audio que realizó desde su casa -vivían puerta con puerta- en la que el acusado hablaba por teléfono con su padre -teniente coronel del Ejército-. El superior formalizó una denuncia contra el cabo primero y éste fue detenido por un presunto delito de violencia de género. Además, fue expedientado.

En el juicio, el agente declaró que los conflictos con el casero comenzaron porque quería echarles de la vivienda ya que les había exigido declarar a Hacienda el alquiler y los propietarios se negaban y querían que le pagaran en negro. A partir de ese momento, comenzaron las represalias con hechos como que no reparaban averías de la casa.

Pero ese 7 de abril a las 14.00 horas, todo fue a más. El cabo primero había llegado a su casa muy nervioso por unos problemas que tenía con el referido sargento jefe y declaró haber llamado a sus padres para contárselos, en una conversación acalorada. Manifestó que su superior lo tenía «estresado, aburrido y hastiado» y discutieron. Su pareja, además manifestó, en el juicio que no discutió con él, que nunca se había sentido amenazada ni la había insultado y que era «muy feliz» a su lado hasta que lo detuvieron.

La magistrada Alicia María Buendía Fleitas absolvió al cabo primero al considerar nula la grabación aportada como prueba por la Fiscalía -que le pedía un año de cárcel, 25 días de localización permanente y alejamiento- y no otorgar credibilidad alguna a los testimonios de los caseros, a quienes también reprochó su actitud. En la sentencia critica que, en vez de haber estado grabando durante 40 minutos una conversación privada alegando «estar preocupados por la integridad» de la mujer, no llamaron a la Guardia Civil para denunciar las presuntas amenazas y vejaciones. También censura que los autores de la grabación ilegal no denunciaron, sino enviaron el archivo al móvil personal del sargento jefe, que era el superior jerárquico de su vecino y al que se refería en la conversación que éste mantuvo con su padre.

Fue detenido de uniforme y lo suspendieron por seis meses

El cabo primero fue detenido el 8 de abril de 2020 y fue trasladado de uniforme a los calabozos. De esta forma, se le abrió de forma automática por la imputación un expediente y le cesaron –en primera instancia– cuatro días por la detención y luego le pusieron, como medida cautelar, tres meses de cese de sus funciones en el destino de Gran Tarajal. En el informe, argumentaron desde el Instituto Armado que este caso había generado una supuesta alarma social en la isla, comparando su caso con la operación Botavara –de narcotráfico con agentes implicados– y unos presuntos abusos policiales denunciados en Morro Jable.

Al investigado le ofrecieron una plaza de funciones administrativas en el destacamento de Puerto del Rosario y le concedieron la comisión de servicios, pero justo cuando se iba a incorporar, le notificaron desde el Ministerio de Defensa la suspensión de sus funciones durante seis meses por unos hechos calificados de muy graves, lo que llevaba aparejado la pérdida del destino hasta la celebración del juicio. Con ello, pasó de cobrar de 2.700 euros a 800 durante esos seis meses.

Además, el juzgado le impuso como medidas cautelares, no poder acercarse a su pareja ni comunicarse con ella, por lo que tuvo que buscarse otra casa en pleno confinamiento. Cuando fue puesto en libertad, primero se quedó en un hostal en Puerto del Rosario cuatro días hasta que consiguió una habitación en la residencia militar, donde sigue en la actualidad.

La Asociación de Guardias Civiles (AUGC) pide que se depuren responsabilidades por los instructores al comparar este asunto con un caso de corrupción como el Botavara.

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El Juzgado de lo Penal número 5 de Puerto del Rosario ha absuelto a un cabo primero de la Guardia Civil que fue acusado de haber amenazado y vejado a su pareja sentimental en Fuerteventura. El caso nació cuando su casera y vecina, con la que la pareja tenía serios problemas de vecindad, les grabó de forma ilegal mientras tenían una supuesta discusión dentro de su domicilio.

La magistrada admite en la sentencia la exposición formulada por el abogado del agente, Antonio Suárez-Valdés, y determina la nulidad de la grabación practicada por la vecina al haberse realizado atentando al derecho del acusado a la intimidad y al secreto de sus comunicaciones. Además, expuso el fallo que se constató que el Guardia Civil no estaba discutiendo con su mujer sino con su padre, con el que hablaba por teléfono sobre los problemas laborales que sufría con su superior jerárquico, el sargento jefe del Destacamento de Tráfico de Gran Tarajal, que fue precisamente a quien la casera envió vía móvil la grabación que realizó de forma clandestina y que duraba 40 minutos.

Además, este procedimiento causó un grave perjuicio al cabo primero que fue detenido y trasladado de uniforme al calabozo y luego lo suspendieron cautelarmente durante seis meses, pasando de cobrar 2.700 a 800 euros. Además, hasta la sentencia absolutoria, la autoridad judicial le impuso una medida de alejamiento y prohibición de comunicación con respecto a su pareja, por lo que tuvo que mudarse en pleno confinamiento.

El fallo reprocha a los caseros, que en vez de llamar y denunciar, estuvieron grabando durante 40 minutos

Los hechos ocurrieron el 7 de abril de 2020, cuando los propietarios de la vivienda donde vivía el agente con su pareja se pusieron en contacto con el sargento jefe del Destacamento de Tráfico de Gran Tarajal para facilitarle una grabación de audio que realizó desde su casa -vivían puerta con puerta- en la que el acusado hablaba por teléfono con su padre -teniente coronel del Ejército-. El superior formalizó una denuncia contra el cabo primero y éste fue detenido por un presunto delito de violencia de género. Además, fue expedientado.

En el juicio, el agente declaró que los conflictos con el casero comenzaron porque quería echarles de la vivienda ya que les había exigido declarar a Hacienda el alquiler y los propietarios se negaban y querían que le pagaran en negro. A partir de ese momento, comenzaron las represalias con hechos como que no reparaban averías de la casa.

Pero ese 7 de abril a las 14.00 horas, todo fue a más. El cabo primero había llegado a su casa muy nervioso por unos problemas que tenía con el referido sargento jefe y declaró haber llamado a sus padres para contárselos, en una conversación acalorada. Manifestó que su superior lo tenía «estresado, aburrido y hastiado» y discutieron. Su pareja, además manifestó, en el juicio que no discutió con él, que nunca se había sentido amenazada ni la había insultado y que era «muy feliz» a su lado hasta que lo detuvieron.

La magistrada Alicia María Buendía Fleitas absolvió al cabo primero al considerar nula la grabación aportada como prueba por la Fiscalía -que le pedía un año de cárcel, 25 días de localización permanente y alejamiento- y no otorgar credibilidad alguna a los testimonios de los caseros, a quienes también reprochó su actitud. En la sentencia critica que, en vez de haber estado grabando durante 40 minutos una conversación privada alegando «estar preocupados por la integridad» de la mujer, no llamaron a la Guardia Civil para denunciar las presuntas amenazas y vejaciones. También censura que los autores de la grabación ilegal no denunciaron, sino enviaron el archivo al móvil personal del sargento jefe, que era el superior jerárquico de su vecino y al que se refería en la conversación que éste mantuvo con su padre.

Fue detenido de uniforme y lo suspendieron por seis meses

El cabo primero fue detenido el 8 de abril de 2020 y fue trasladado de uniforme a los calabozos. De esta forma, se le abrió de forma automática por la imputación un expediente y le cesaron –en primera instancia– cuatro días por la detención y luego le pusieron, como medida cautelar, tres meses de cese de sus funciones en el destino de Gran Tarajal. En el informe, argumentaron desde el Instituto Armado que este caso había generado una supuesta alarma social en la isla, comparando su caso con la operación Botavara –de narcotráfico con agentes implicados– y unos presuntos abusos policiales denunciados en Morro Jable.

Al investigado le ofrecieron una plaza de funciones administrativas en el destacamento de Puerto del Rosario y le concedieron la comisión de servicios, pero justo cuando se iba a incorporar, le notificaron desde el Ministerio de Defensa la suspensión de sus funciones durante seis meses por unos hechos calificados de muy graves, lo que llevaba aparejado la pérdida del destino hasta la celebración del juicio. Con ello, pasó de cobrar de 2.700 euros a 800 durante esos seis meses.

Además, el juzgado le impuso como medidas cautelares, no poder acercarse a su pareja ni comunicarse con ella, por lo que tuvo que buscarse otra casa en pleno confinamiento. Cuando fue puesto en libertad, primero se quedó en un hostal en Puerto del Rosario cuatro días hasta que consiguió una habitación en la residencia militar, donde sigue en la actualidad.

La Asociación de Guardias Civiles (AUGC) pide que se depuren responsabilidades por los instructores al comparar este asunto con un caso de corrupción como el Botavara.

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