Salvador Alba acompañado por sus letrados y en presencia de una funcionaria. / JUAN CARLOS ALONSO

El abogado de Rosell pide elevar la pena a Alba y su defensa solicita la absolución

La Fiscalía solicita que se ratifique la condena dictada en 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el magistrado

Loreto Gutiérrez
LORETO GUTIÉRREZ Madrid

El abogado de la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y magistrada, Victoria Rosell, ha solicitado al Tribunal Supremo que aumente a diez años la pena de prisión al juez de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba, por conspirar con el exministro José Manuel Soria para «destruirla profesionalmente» cuando era diputada de Podemos en el Congreso.

El juez Alba ya fue condenado en 2019 por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación para el cargo público de juez o magistrado, además de al pago de 60.000 euros a Rosell en concepto de daños morales, por delitos de prevaricación con cohecho y falsedad en documento público.

  • Ampliación La acusación particular mantiene que hubo delito de falsificación continuada por otros dos presuntos informes falsos.

  • Podemos La acusación popular ejercida por el partido morado se sumó al recurso que pide elevar la pena de prisión.

  • Respaldo La Fiscalía considera probado que el juez cometió prevaricación y falsedad documental para perjudicar a Rosell.

  • Sentencia Se espera que el Tribunal Supremo dictamine en un plazo breve.

El TSJC consideró probado que el magistrado confabuló para favorecer a Soria en su enfrentamiento político con Rosell, que presentó un informe falso y que concertó una cita con el empresario Miguel Ángel Ramírez para ofrecerle archivar un procedimiento judicial en su contra a cambio de información que pudiera perjudicar a la entonces diputada nacional.

En la vista celebrada ayer, el abogado de Rosell, Antonio Marrero, expuso a la Sala Segunda del Supremo el contenido de su recurso de casación contra la sentencia y pidió que Alba sea condenado a diez años de cárcel y once de inhabilitación por delito continuado de falsificación, prevaricación con cohecho y revelación de secretos. El letrado señaló que el TSJC no valoró otros dos informes que presentó Alba -del 1 de abril y del 24 de mayo de 2016- en los que también se incurre en falsedad y ocultación de datos, igual que en el informe falso que dio lugar a su condena. Indicó asimismo que fue un error de apreciación de las pruebas lo que dio lugar a la absolución del juez por revelación de secretos y pide que se reconsideren las evidencias para ampliar la sentencia por este delito.

La abogada de la acusación popular ejercida por Podemos, Sandra Rodríguez, se sumó al recurso de Rosell -que asistió a la vista como público- para pedir la ampliación de la condena. «El juez Alba ofreció a Ramírez archivar un procedimiento en su contra, y no un procedimiento cualquiera, sino uno penal de delito grave contra la hacienda pública, a cambio de que este buscara donde no había para obtener documentación con la que intentar destrozar la carrera de Rosell y quedar bien con José Manuel Soria», señaló la letrada.

Por su parte, el abogado de Salvador Alba, Nicolás González Cuéllar, solicitó la libre absolución de su defendido por estimar que el Tribunal no ofrecía garantías de imparcialidad y que no existen suficientes pruebas válidas para condenarlo.

González Cuellar considera que la grabación de la conversación entre Alba y Ramírez no debería haberse admitido como prueba porque «fue manipulada» y no cumplía los requisitos para ser estimada. Recordó asimismo que un testigo, Héctor de Armas, declaró ante el TSJC que Ramírez grabó el encuentro con la intención de extorsionar al juez, algo que a su juicio no se tuvo en cuenta en la sentencia, y que la reunión tuvo lugar en el contexto de una investigación de la venta de una licencia de radio por parte del empresario a la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, durante el tiempo en que la magistrada tenía a su cargo un procedimiento contra Miguel Ángel Ramírez.

En su turno de intervención, la Fiscalía respaldó los hechos que la sentencia del Tribunal Superior consideró probados y solicitó al Supremo la ratificación de la condena en todos sus términos. La representante del Ministerio Público negó la falta de imparcialidad que la defensa de Alba atribuyó al Tribunal que lo juzgó y recalcó que hay pruebas suficientes que demuestran los delitos de prevaricación y falsedad documental.