La interventora de San Bartolomé dice que la ley le permitía acumular cargos

El Ministerio Fiscal entiende que Naya, que en el momento de la denuncia ejercía funciones de tesorera en San Bartolomé (ahora es interventora) ha podido haber incurrido presuntamente en un delito de prevaricación administrativa al estar trabajando para seis organismos e instituciones más, aparte del ayuntamiento sureño, cobrando el 100% de sus salarios, cuando la ley marca que solo puede percibir el total que le corresponde en el consistorio tirajanero y el 30% de esos emolumentos en el resto de las entidades. Por eso ha pedido información a todos esos organismos y un informe al Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros sobre si ha podido incurrir en algún tipo de incompatibilidad jurídica o material.

Naya explica que ha estado desempeñando esas funciones de habilitada nacional en siete organismos porque la ley lo permitía y que, además, no ha percibido más del 30% del sueldo que marca la norma. Recuerda que los puestos de secretario, tesorero o interventor cuentan con una regulación específica que busca no solo garantizar el correcto desempeño de las funciones reservadas que asumen estos funcionarios, «dada su especial importancia y responsabilidad», sino que también tratan de garantizar el ejercicio de estas funciones en todos los municipios y entidades locales pese a la escasez de estos funcionarios con habilitación nacional.

Añade que hasta 2018 no existía límite para esa acumulación de nombramientos. Naya fue tesorera de San Bartolomé desde 2009 hasta 2021, interventora en Ingenio desde 2014 y secretaria de Valsequillo desde 2016, aunque durante un tiempo de forma intermitente porque estaba sustituyendo primero una baja. En estos años ocupó a la vez estos puestos. En aplicación del Real Decreto 128/2018 cambió la normativa y solo se permite un nombramiento en acumulación, según se recoge en su artículo 50, pero recuerda esta habilitada nacional que la ley no se aplica con carácter retroactivo. Solo cuando ella modificó su situación laboral al ocupar en 2021 la plaza de interventora en San Bartolomé, se le aplicó la nueva ley y tuvo que renunciar a una de las otras dos plazas que ocupaba, que en este caso fue la de Valsequillo. Decidió mantener la de Ingenio, además de la de San Bartolomé, a la que ha optado como plaza definitiva.

Y aclara también que solo computan como cargos acumulados los nombramientos en otras instituciones como ayuntamientos o cabildos, no las de entidades dependientes o supramunicipales, como pueden ser las mancomunidades o los consorcios. Recuerda que esto está regulado y que busca evitarles el coste de mantener a un funcionario con habilitación nacional a jornada completa en estos otros organismos. Por tanto, insiste, no quebranta la ley. Ella defiende que solo acumula un nombramiento aparte del de San Bartolomé, que es el de Ingenio, y que el resto los desempeña como entidades dependientes o supramunicipales, «como pasa con cualquier otro tesorero, secretario o interventor de otra administración». E insiste, en ninguna de esas otras su salario supera el 30%.

Naya atribuye la denuncia a un «empresario del mundo de la noche que ya lo había intentado previamente y sin éxito, ante otras instancias». Se siente «víctima de un acoso y ataque a su independencia», porque este tipo de denuncias «solo tratan de dañar o desacreditar su imagen profesional para que renuncie a la plaza de interventora que ha solicitado al Ministerio de Administraciones Públicas en el concurso unitario que convoca anualmente. Cree que ha «fastidiado a determinadas economías paralelas» que se estaban llevando a cabo desde hace tiempo. Sostiene que su colaboración en la lucha contra la corrupción ha provocado a algunos hasta el punto de «sentirse realmente amenazada y temer por su integridad física».