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De izquierda a derecha, el edil de Urbanismo de Ingenio, Rayco Padilla, y la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Matín. C7

Ingenio informa en contra del deslinde de Costas y pide que se mantenga en 20 metros como en 1986

El Ayuntamiento presentó ayer las alegaciones al expediente, antes del plazo que expira el jueves, fundamentadas en que el sector afectado de El Burrero ya era suelo urbano antes de la Ley de Costas de 1988

Cristina González Oliva

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:34

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El Ayuntamiento de Ingenio anunció hoy en rueda de prensa que ha emitido un informe desfavorable al expediente de deslinde del dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de 3.504 metros comprendido entre El Castillo de Gando y Guayadeque, que afecta especialmente a la zona de El Burrero. Reclama que se mantengan los 20 metros estipulados en 1986 y no los 100 de La Ley de Costas de 1988.

Tanto la alcaldesa, Vanesa Martín, como el edil de Urbanismo, Rayco Padilla, consideraron «lesivo» para el municipio y especialmente para viviendas de El Burrero este deslinde y explicaron que la alegación, presentada ayer, dentro del plazo que acaba el jueves, se fundamenta en que la modificación de 1988 hay una disposición transitoria donde se especifica que se tenían que respetar los suelos urbanos que existieran con anterioridad.

El Consistorio considera que la propuesta estatal no respeta la realidad urbanística histórica del municipio y presenta importantes carencias técnicas y documentales. Las alegaciones presentadas por el Gobierno de Canarias también van en la misma línea, detallaron.

La revisión del deslinde incoado por Costas afecta gravemente al sector urbano consolidado y habitado del Burrero Norte, el situado al norte del barranco de Los Aromeros, parte de cuyas viviendas quedarían dentro del deslinde público marítimo-terrestre. Además, corta de plano el poco desarrollo urbanístico que le queda a Ingenio en su litoral, el previsto en la futura urbanización Vista Alegre, un suelo urbano no consolidado que recibió informe favorable en 2005.

La incoación de este expediente, que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el pasado 29 de septiembre, es un varapalo para varias zonas de este enclave del litoral del municipio. Debido a un error en el anuncio se dio finalmente más plazo al previsto inicialmente, que concluye este jueves. Los vecinos también han presentado su oposición a este deslinde.

Un extenso documento de 30 páginas

Según detalla el documento de alegaciones municipales, de 30 páginas, el principal motivo del rechazo es que la servidumbre de protección fijada, entre 50 y 100 metros según el tramo, no se ajusta a la clasificación de suelo urbano existente desde 1974 en zonas como El Burrero Norte y Vista Alegre.

La Ley de Costas establece que para los suelos urbanos previos a 1988, la servidumbre debe limitarse a 20 metros, tal como recogían las Normas Subsidiarias de Ingenio aprobadas en 1989 con informe favorable de la Dirección General de Puertos y Costas, así como el Plan General vigente de 2005.

El Ayuntamiento subraya además que la documentación remitida por Costas para la revisión del deslinde está incompleta, descoordinada y contiene errores. El informe recuerda que Ingenio ha aportado abundante documentación que acredita la condición urbana histórica de estos núcleos, incluyendo delimitaciones del suelo urbano de 1974, modificaciones de 1983 y cartografía catastral de 1986, así como los informes emitidos en las distintas revisiones del planeamiento municipal

Los vecinos también alegan

Los vecinos afectados de El Burrero, El Burrero Norte y Vista Alegre también han presentado alegaciones similares a las del Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias, y denuncian que la propuesta amplía de forma indebida la servidumbre de protección hasta los 100 metros, cuando debería mantenerse en 20 metros, tal como establecen las disposiciones transitorias de la Ley de Costas para suelos urbanos consolidados antes de 1988.

En sus escritos, recuerdan que estos barrios cuentan con una clasificación urbana histórica, documentación oficial previa a la Ley de Costas, servicios urbanos consolidados y pruebas cartográficas y administrativas que, aseguran, acreditan su carácter urbano mucho antes de la construcción de la actual avenida marítima.

Además, advierten de que el nuevo trazado del dominio público se habría fijado tomando como referencia la avenida marítima, creada artificialmente tras la expropiación y demolición del antiguo núcleo fundacional, lo que, según los afectados, supondría un «doble perjuicio» y podría constituir un «fraude de ley».

Los vecinos reclaman que Costas restituya el deslinde original vigente desde 1983, respete la anchura de 20 metros y garantice la seguridad jurídica de unas viviendas que, de aprobarse el nuevo trazado, quedarían en situación de fuera de ordenación o con severas limitaciones de uso.

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