Fiscalía pide archivar la causa por la compra de votos en Mogán
Insta el archivo respecto a los delitos cometidos en las elecciones de 2011 y 2015 porque están ya prescritos, y respecto a los de 2019, por no estar justificada su perpetración
El Ministerio Fiscal, representado por Jorge López Tineo, ha solicitado el archivo de la causa que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana por la supuesta compra de votos en las elecciones municipales de Mogán de mayo de 2011, mayo de 2015 y mayo de 2019. Justifica su decisión respecto a los delitos electorales supuestamente cometidos en los dos primeros comicios en que están ya prescritos, y respecto a los últimos, los de 2019, en que «no resulta debidamente justificada la perpetración del delito». Esta solicitud de sobreseimiento data del 16 de febrero pasado.
En este proceso figuran como investigados la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, los ediles, también del gobierno local, Mencey Navarro y Tania Alonso, y el empresario Luis Oller, responsable de Aguas de Arguineguín, además de funcionarios y vecinos como Salvador Álvarez, José Monzón, Yasmina Suárez, Carmen Lidia Caballero, Marzouk Ghalidi y Ramón Trujillo, más conocido como el Perraya, que fue también uno de los denunciantes de la supuesta trama. Igualmente figura como encartado el propio partido que gobierna en Mogán, Ciuca.
Sobre la prescripción, apunta el fiscal Jorge López que la primera resolución judicial en la que el procedimiento se dirigió contra nueve de estos investigados fue del 12 de septiembre de 2020; contra Ciuca, el 17 de septiembre de ese mismo año; y contra Ramón Trujillo, el 27 de enero de 2021. Por tanto, advierte, en el momento en que se dictaron las resoluciones ya habían pasado cinco años, el plazo que fija la ley para la prescripción.
Por su parte, respecto a los delitos de 2019, subraya que «ninguna de las numerosas diligencias (...) han ofrecido elemento periférico alguno, bien de carácter objetivo, bien de naturaleza subjetiva, que permitan acreditar fehacientemente la comisión por parte de los investigados del ilícito propuesto». En ese sentido, entiende «imposible formular un escrito de acusación», máxime tras haber expirado el plazo de instrucción.
Por otra parte, también este lunes trascendió que el Ministerio Fiscal, en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé por las supuestas presiones que recibió Ramón Trujillo para cambiar su denuncia en el caso de la presunta compra de votos, ha solicitado el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de los tres investigados. Se trata, en este caso, de la alcaldesa Onalia Bueno, los ediles Mencey Navarro y Víctor Gutiérrez, y el vecino José Juan Montesdeoca.
En este proceso se investigan unas grabaciones en las que Gutiérrez y Montesdeoca, en supuesto común acuerdo con Onalia Bueno, ofrecieron 3.000 euros y un puesto de trabajo a Trujillo para que modificase la declaración en el caso de la compra de votos. Pero la fiscal Lucía Cascales sostiene que no hay delito porque falta el requisito de violencia o intimidación y porque no llegó a variar su declaración.
