Fiscalía investigará si ha habido malos cuidados en el CADI de Las Longueras

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) abrirá diligencias informativas civiles para investigar posibles malos cuidados en el Centro de Atención a la Discapacidad Intelectual CADI de Las Longueras, en Telde, denunciados por familiares de los usuarios. Si se apreciaran indicios de algún delito, entonces se abrirían diligencias preprocesales en el ámbito penal.

Desde la Fiscalía precisaron este martes que este procedimiento, que se incoará de oficio, es el habitual en cuanto se tiene conocimiento de hechos de este tipo, aunque precisaron que generalmente no salen en prensa. «Recabaremos informes de las administraciones para aclarar qué es lo que está pasando, si se están cometiendo delitos o es un problema de organización».

La consejera de Política Social del Cabildo, Isabel Mena, consideró este martes «lógico» que Fiscalía actúe cuando existen denuncias y mantiene que si ratifica la existencia de malos cuidados en el citado CADI, «el Cabildo actuará de manera inmediata».

No obstante, Mena indicó que en la reunión que mantuvo el pasado viernes con las asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas) de los cuatro CADI de la isla no se le trasladó ninguna queja en este sentido y desveló que no constan reclamaciones al respecto en el libro de incidencias del centro ni en el canal de denuncias de los familiares.

Además, la consejera de Política Social resaltó que desde que la gestión de los CADI pasó a manos de la actual contrata, hace un año, Las Longueras ha tenido 11 inspecciones y que cada instalación recibe al menos una inspección al mes por parte de los técnicos del Cabildo. Sobre el mal estado de distintas dotaciones de los CADI, Mena explicó que se están acometiendo «cantidad de obras», entre ellas la mejora de los baños, que suponen «un sobresfuerzo de inversión» y que no se pudieron acometer durante la pandemia de la covid, cuyas restricciones fueron más prolongadas en estos centros.

Josefa Luzardo, consejera del PP en el Cabildo, lanzó este martes una batería de preguntas a Mena en la Comisión de Pleno de Política Social sobre el servicio que se presta en los CADI, lamentando que no reúna la calidad prevista en el contrato, que tiene un presupuesto de 12,5 millones anuales y recoge un gasto de 112 euros al día en cada plaza ocupada.

Luzardo reclamó al Cabildo un mayor seguimiento y control de la adjudicataria, con sede en Madrid, de la plantilla realmente contratada y del material de los centros, así como un mayor esfuerzo inversor.

Por su parte, el colectivo de familias afectadas no ocultaba este martes su satisfacción tras conocer la inminente apertura de diligencias por parte de la Fiscalía. «Me eché a llorar», reconoció este martes una de las denunciantes, Nereida Hernández, a las puertas mismas del centro en San José de Las Longueras. «Al principio me sentí sola cuando empecé a ver que a mi hija le pasaban cosas que no me gustaban y no sabía muy bien qué hacer», confesó Amparo Tarín, que ha recibido el anuncio de la Fiscalía como una muestra de amparo a sus demandas. Y no hablan de malos tratos, sino de un déficit en los cuidados.

Las dos llevan a sus hijas al servicio de día de este CADI desde hace años y ambas rechazan la interpretación de Mena y de Ricardo Redondas, gerente del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), entidad responsable de estos centros, de que sus quejas se corresponden con «hechos puntuales». Es verdad, precisan, que la decisión de la empresa concesionaria, Grupo 5, de empezar a darles agua del grifo colmó el vaso de su paciencia, pero sus dudas respecto a la atención que se les presta en este centro vienen de muy atrás, desde concesionarias anteriores a la que hoy gestiona el complejo.

«Lo que le ha pasado a mi hija en este CADI no le ha pasado en ningún sitio», se queja Amparo, que refiere, entre otras, una lesión reciente en un nervio en el muslo de su pierna derecha. «Me llegó coja después de un fin de semana, con un fuerte hematoma y ni siquiera me avisaron del golpe». Cuando volvió tras un periodo de ausencia, apareció con otro golpe en la boca. Nereida Hernández pone el acento en la falta de higiene. «Mi niña me llega a casa muchos días con las bragas sucias; necesita que la aseen y no lo hacen». Además, tampoco le ha gustado el desinterés mostrado por la empresa las veces en que su hija se ha lesionado y ha faltado al centro.

Los dos hijos de Raquel Carvallo, por su parte, son usuarios del servicio residencial del CADI y se queja de que al menos uno de ellos, con problemas de visión, ha sufrido caídas porque no recibe el cuidado que debe. Y que el otro, que usa silla de ruedas, acaba dañándola porque se desespera si no lo sientan bien. Igualmente se queja de deficiencias en la higiene de sus hijos.

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