Francisco Atta, junto a su abogado, José María Guerra, el día en que fue a declarar. / COBER

La Fiscalía insta el sobreseimiento del caso de los vales de gasolina de Valsequillo

No aprecia indicios de delitos de malversación ni falsedad por los que se investiga al alcalde, a varios ediles y a trabajadores municipales

GAUMET FLORIDO FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

El Ministerio Fiscal ha instado el sobreseimiento provisional de las diligencias penales abiertas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Telde por la presunta comisión de varios delitos en la gestión y pago de vales de gasolina en el Ayuntamiento de Valsequillo entre los años 2013 y 2018. Entiende, y así lo precisa en varias ocasiones, que las posibles anomalías cometidas pudieran «merecer un reproche» por la vía contencioso-administrativa, pero no por la vía penal.

En un extenso informe fechado el 2 de febrero de 2022, César José Casorrán Martínez concluye que no aprecia indicios que prueben que los 18 investigados en esta causa, entre los que figuran el actual alcalde, Francisco Atta, varios concejales, trabajadores municipales y vecinos sin relación laboral con el consistorio, hayan incurrido en supuestos delictivos de malversación o de falsedad.

Para sustentar su tesis, el fiscal examina por separado si los hechos investigados se ajustan a los tipos penales que prevé la ley para cada uno de los delitos que se les achacan, el de malversación y el de falsedad, denunciados en su día por dos agentes de la Policía Local de Valsequillo, ahora en comisión de servicio en otro municipio.

Explica Casorrán que, tras las diligencias practicadas, todo parte del acuerdo que mantenía el Ayuntamiento con la estación de servicio Los Almendros desde la década de los 90 para el suministro de combustible. Se iniciaba con el rellenado de un vale con los datos de la persona, vehículo e importe para posteriormente aportarlo a la estación. Una vez repostado el combustible, la gasolinera presentaba la correspondiente factura al Ayuntamiento, que tras obtener la conformidad del concejal, era fiscalizada por Intervención y se abonaba en pagos mensuales.

Tras las declaraciones de los encartados y la documentación aportada, el fiscal sostiene que « si bien resulta innegable la existencia de una falta de control en el uso y disfrute de los vales de gasolina y una falta de justificación de los kilómetros realizados y la actividad desempeñada en la mayoría de los casos, el acuerdo con la estación venía aplicándose de forma continuada a través de un sistema normalizado de vales en el que no era necesaria ni se exigió en ninguna de las legislaturas la justificación de la actividad pública desarrollada». Ahora bien, añade, «ello no significa que no se desempeñara». Apostilla que « todos los investigados desarrollaban la actividad municipal utilizando su vehículo particular ante la carencia y deficiencia del parque móvil» del Ayuntamiento.

Dice que, atendiendo a los importes calculados en los informes policiales, y si se procede al prorrateo mensual por persona, aunque en algunos casos eran muy elevados, en la mayoría de los supuestos el consumo no excedía de los 100 euros al mes. Los informes de la Guardia Civil advertían de la escasa superficie del municipio, pero el fiscal aclara que los servicios cubiertos suponían a menudo una reiteración de desplazamientos y la visita también a otros municipios. Y precisa que las cantidades que excedían de la media del vale, que normalmente era de 20 o 40 euros, se justificaban por el más que habitual llenado de combustible en garrafas para el funcionamiento de los motores que suministraban luz a varias instalaciones públicas, entre ellas, el teatro.

La Guardia Civil calculó un exceso en el gasto no justificado en esos años de 55.663 euros, pero el fiscal insiste. « El reproche es procedente por el cauce administrativo ante la falta de control, pero no por la vía penal».

Recuerda también Casorrán que el acuerdo con la estación para el abastecimiento de combustible de vehículos tanto municipales como particulares previa autorización municipal a través del vale era conforme a derecho. Estuvo durante todos esos años amparado por la legislación vigente. Y que cuando esta cambió, en 2017, la nueva legislación mantuvo un régimen transitorio que siguió dando cobertura legal a este sistema hasta su modificación, que es lo que ya ha hecho Valsequillo. Licitó y adjudicó ya un nuevo contrato.

El fiscal constata que a al menos dos funcionarios se les abonó el combustible por duplicado, a través de vales y por la nómina, pero añade que el Ayuntamiento ha reconocido la anomalía y que ha tenido una respuesta disciplinaria en la que les obliga al reintegro de lo cobrado de más.

Por tanto, analizada la instrucción, entiende el fiscal que «no ha podido acreditarse con un mínimo de suficiencia incriminatoria la utilización de los vales de gasolina para un uso particular». No ve perjuicio al patrimonio público porque «el Ayuntamiento solo hacía el pago previa conformidad del servicio y contra factura, y la definición de las tareas de los concejales, en su función de servidores públicos, no están sujetas a horarios ni encorsetadas en desplazamientos fijados de antemano».

Había omisiones e inexactitudes, pero no cabe atribuir falsedad

El fiscal asignado a este caso de los vales de gasolina precisa también en su escrito que «no se aprecia la existencia de falsedad en ninguna de las actuaciones» realizadas por la entonces secretaria municipal, el interventor, el técnico que redactó el nuevo contrato de combustible o el jefe de personal. « Si bien es cierto que sus informes contenían inexactitudes y omisiones, en ningún caso supone que faltaran a la verdad de forma deliberada y consciente, y que además recayera esa mutación de la realidad en elementos relevantes», concluye el fiscal.