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La Comisión Europea ha reconocido la singularidad de Canarias a la hora de cumplir la normativa europea relativa al mercado interior de la electricidad, avalando expresamente la construcción y explotación de la central hidroeléctrica Salto de Chira por el operador del sistema, la empresa Red Eléctrica de España (REE).
La Decisión que ha recibido el Ministerio para la Transición Ecológica elimina el último escollo administrativo que tenía pendiente la obra que se ejecuta desde febrero de 2022 en el barranco de Arguineguín y admite distintas excepciones a la aplicación en el archipiélago de la normativa europea en vigor.
Este reconocimiento, señala el Ministerio en una nota hecha pública este jueves, responde a la condición ultraperiférica de Canarias, así como a su imposibilidad de interconectarse con el mercado eléctrico de la UE, y se produce después de tres años de trabajo puesto que la excepción fue solicitada en noviembre de 2020.
Previamente, el Ministerio había conseguido en 2020, tras otros cinco años de trabajo con el Ejecutivo comunitario, la conformidad de la regulación eléctrica para los territorios no peninsulares con relación a la legislación europea relativa a las Ayudas de Estado.
La Decisión, fechada el 8 de diciembre pasado, afecta asimismo a elementos como la incorporación de nuevas instalaciones al sistema eléctrico canario –que puede ser mediante mecanismos singulares– o el despacho del parque de generación cuando se produzcan congestiones en las redes.
La excepción concedida a Canarias tendrá duración ilimitada al reconocer la Comisión Europea, tal y como solicitó el Gobierno de España, que el archipiélago no puede interconectarse con el mercado de la energía de la Unión por razones físicas evidentes. Según comunicó el Gobierno central, debido a la distancia geográfica con la península, la construcción de interconectores sería imposible o demasiado costosa.
La Comisión considera que la titularidad de las instalaciones hidráulicas de bombeo por parte del gestor del sistema eléctrico puede estar justificada en casos muy específicos, como el de Canarias, donde son necesarias para garantizar la seguridad del suministro y la integración de las fuentes de energía renovables, y donde los sistemas eléctricos cuentan con opciones limitadas para alcanzar flexibilidad con bajas emisiones de carbono.
La urgencia de estos proyectos, dada la adopción prevista de una estrategia sobre la integración de renovables en un futuro próximo y los retos de funcionamiento del sistema a los que parece enfrentarse Canarias, es tal que la Comisión considera que, en el caso de esta región ultraperiférica, España no debe tener la obligación de cumplir las condiciones establecidas la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.
El acuerdo destaca que esta excepción, limitada a las instalaciones hidráulicas de bombeo, no debería impedir el desarrollo basado en el mercado de proyectos de almacenamiento que utilicen este u otros tipos de tecnologías en Canarias.
Y agrega que teniendo en cuenta los compromisos de España en lo que respecta a la descarbonización de los territorios no peninsulares, a medida que aumenta la generación de fuentes renovables es probable que, además de las instalaciones hidráulicas de bombeo, se necesiten instalaciones de almacenamiento de energía basadas en otras tecnologías para garantizar la seguridad del suministro.
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