Foto de archivo del puerto de Santa Águeda, en El Pajar. / ARCADIO SUÁREZ

Un dictamen advirtió de que la concesión de El Pajar acabó en 2020

El informe lo encargó el Gobierno en abril de 2019, pero nunca trascendió y al final resolvió que el título expiraría en 2022

Gaumet Florido
GAUMET FLORIDO San Bartolomé de Tirajana

Un dictamen jurídico encargado por el propio Gobierno de Canarias ya concluyó en abril de 2019 que la concesión del Puerto de Santa Águeda a Cementos Especiales de las Islas SA (Ceisa) expiró el 9 de marzo de 2020 y no el 28 de octubre de 2022, como finalmente aplicó el Ejecutivo regional.

Fuentes de los empresarios turísticos de la isla, que exigen que se cumpla el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria y que el muelle pase a tener uso deportivo, denuncian que este informe nunca trascendió y que, de hecho, se le ocultó al consejo de administración de Puertos Canarios, que es el ente regional con competencias sobre este espacio portuario de El Pajar, en San Bartolomé de Tirajana.

El dictamen fue redactado por José Villar Rojas, catedrático en Derecho Administrativo y considerado una eminencia en la materia. Su informe, al que ha tenido acceso este periódico, consta de 22 páginas en las que hace un meticuloso repaso a los sucesivos títulos concesionales otorgados a Ceisa desde aquella primera autorización en noviembre de 1957 para que construyera un muelle en la bahía de Santa Águeda.

Un solo título concesional, el de la orden de 2001

En sus conclusiones, Villar Rojas resuelve que «en el momento actual, en atención al principio de gestión y explotación unitaria de las concesiones portuarias, la concesión del puerto de Santa Águeda en favor de la empresa Cementos Especiales se encuentra amparada por un único título de concesión: la Orden Departamental de 15 de octubre de 2001, de ampliación del dique-muelle, con vencimiento el 9 de marzo de 2020».

Sostiene este catedrático que esta orden, que en realidad vino a formalizar una concesión que había sido autorizada años atrás, el 9 de marzo de 1990, supuso la novación, es decir, la sustitución de la preexistente, y dispuso, entre otros cambios, que el plazo del título sería de 30 años, por tanto, hasta el 9 de marzo de 2020.

Villar Rojas basa su argumento en la tesis de que cada nuevo título concesional que fue otorgado a la empresa a lo largo de estos 65 años, y fueron varios, sustituía al anterior, viniese o no recogido de forma expresa. Así las cosas, la que estaba en vigor era la última, la formalizada en 2001.

El informe invalidaría la accesoriedad de concesiones

Para los empresarios turísticos, que ya han puesto este dictamen en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo que concluye el informe es doblemente clave, no solo porque resuelve que la concesión a Ceisa había caducado desde 2020, sino porque invalida formalmente la pretensión del Gobierno de otorgar ahora a Ceisa otro nuevo título concesional por accesoriedad con la concesión de explotación de una cantera próxima de puzolana que se le prorrogó en 2016.

¿Por qué? Porque según el artículo 91 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, para renovar una concesión de un puerto que estuviera amparada por otra, debería solicitarse antes de que venza y esto no fue lo que hizo Ceisa. Los empresarios recuerdan que este nuevo título lo pidieron en 2021.

En cualquier caso, dejan claro que esa pretendida accesoriedad nunca pudo existir porque la primera autorización a la cementera para explotar la cantera data de 1978, cuando ya disfrutaban de una concesión previa para el puerto, en vigor entonces la de 1972.

Así las cosas, desde el sector turístico no entienden que pese a este informe y a la judicialización del expediente, Puertos Canarios pretenda seguir adelante con la nueva concesión y aprobarla en el consejo de administración del próximo 28 de noviembre.