Cuenta atrás para el juicio por el cobro de dietas en Aguas de Teror
La acusación pide nueve años de prisión e inhabilitación para nueve acusados de apropiación y de delito societario por percibir retribuciones por un total de 785.000 euros entre 1991 y 2005. La Fiscalía no presenta acusación.
Las Palmas de Gran Canaria
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebrará el lunes y jueves de la próxima semana, 2 y 5 de julio, las sesiones del juicio oral contra nueve miembros del consejo de administración de Aguas de Teror, entre cargos públicos del Ayuntamiento y técnicos de la empresa, acusados de un delito continuado de apropiación indebida y de otro societario por cobrar retribuciones de la empresa irregularmente entre 1992 y 2005.
La acusación particular, que presentó la denuncia en 2006, reclama para cada acusado una pena de seis años de prisión y de inhabilitación especial para empleo y cargo público por el delito de aprobación indebida y de tres años de prisión por el delito societario, así como la restitución al Ayuntamiento de Teror de las dietas percibidas, según la cuantía recibida por cada uno, que suman 785.835,60 euros en total durante esos 14 años.
Ejercida por cuatro concejales del Ayuntamiento que estaban en la oposición cuando Aguas de Teror regularizó estos pagos, a principios de 2006, la acusación particular es la única parte que presenta cargos porque la Fiscalía no ha presentado escrito de acusación.
Entre los acusados están el exalcalde de Teror entre los años 1991 y 2015, el socialista Juan de Dios Ramos, varios exediles en el periodo citado, dos concejales hoy en activo en la corporación municipal y distintos responsables de la gestión de la compañía 100% pública.
Uno de los ediles actuales forma parte del Gobierno municipal. Se trata de Santiago Ojeda (PSOE). Sebastiana González (Alternativa por Teror, aunque entonces era concejal del PSOE) está en la oposición y es el otro. Los exmunícipes son Armando Santana y Rafael Grimón (PSOE), y José Juan Marrero.
El exfuncionario municipal José Falcón, el actual gerente de Aguas de Teror, José Alexis Gómez, y el secretario del consejo de administración, Rafael Cabrera, son los tres técnicos que completarán el banquillo de los acusados.
La acusación mantiene que aunque los estatutos prohibían la remuneración de sus consejeros, los acusados percibieron pagos regulares hasta que en una junta general extraordinaria celebrada en 2006 la empresa modificó los estatutos para autorizar las retribuciones y acordó convalidar las realizadas previamente.
La defensa del Ayuntamiento, que figura como perjudicado, solicita el sobreseimiento de las actuaciones, que circunscribe al ámbito civil, y las de los acusados proponen su absolución alegando, entre otros motivos, la «transparencia y aprobación social de todas y cada de las remuneraciones percibidas».
