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La implantación de la línea ferroviaria ideada por el Cabildo de Gran Canaria entre la capital y el sur supondría un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) de 2.036 millones de euros, equivalente al 4,4% del PIB en Canarias, según expone el estudio de impacto ambiental del proyecto que se somete a información pública.
Al analizar el impacto socioeconómico de la puesta en marcha del ferrocarril, el estudio estima que traería consigo un incremento de la producción total de bienes y servicios de 5.578 millones de euros (es decir 3,67 millones por cada millón invertido en su implantación.
Además, la creación de la línea ferroviaria entre Santa Catalina, en la capital, y Meloneras, en San Bartolomé de Tirajana, conllevaría la creación de más de 25.000 empleos directos e indirectos, más del 40% en el sector de la construcción durante la ejecución de las obras.
Así figura en el documento que la Consejería de Obras Públicas del Cabildo, dirigida por Miguel Ángel Pérez, expone durante 30 días hábiles a pesar de que el trazado del tren está pendiente de la revisión del recorrido por casi siete de sus 57,8 kilómetros de longitud, los que están situados entre los puntos kilométricos 49 y 56.
En cuanto a la puesta en explotación de la línea, el estudio de impacto contempla la posibilidad de que se implemente de forma escalonada en el tiempo y en dos fases.
En la primera fase se pondría en servicio el tramo de doble vía, el que discurre entre las estaciones de San Telmo y Playa del Inglés (excepto en Jinámar y Carrizal). Ese trazado dispondría de siete paradas.
En la segunda se completaría el trazado poniendo en marcha las estaciones de Jinámar y Carrizal y construyendo los dos tramos de vía única de la línea ferroviaria, ambos urbanos. Son los que unen San Telmo con Santa Catalina y Playa del Inglés con Meloneras.
En lo que respecta al impacto del tren en las viviendas localizadas a lo largo del trazado el documento estima que puedan verse afectadas 11.979 viviendas en la fase de obra y 7.480 en la fase de explotación.
El estudio también calcula la población total susceptible de ser afectada por la implantación de la línea, que cifra en 30.317 personas en la fase de obra y 18.517 en la de explotación, lo que equivale a un 3,6% y un 2,2%, respectivamente, de la población insular, «que es un porcentaje relativamente pequeño».
La posible afección a la población residente se estima en el estudio en 14.767 edificaciones en la fase de obras y en 9.458 en la fase de explotación.
Los estudios de demanda hechos en 2019 por Ineco-Ferrocarriles de Gran Canaria estimaron que el año de puesta en marcha de la primera fase del tren (2026) lo usarían 26 millones de viajeros. Y en 2029, con la línea completa, serían 40,62 millones de viajeros.
No obstante, como la situación en 2022 ha variado «sustancialmente», cuantitativa y cualitativamente, «se está revisando el estudio de demanda con un nuevo enfoque» que incrementa el grado de detalle gracias a una mayor zonificación y desagregación de modos, así como una reordenación del transporte público en el entorno de las estaciones ferroviarias,
La crisis pandémica producida por la covid, la crisis energética desencadenada tras la guerra de Ucrania y los avances en la digitalización, la sostenibilidad y la accesibilidad, con usuarios cada vez más conectados, más conscientes del cambio climático, hacen suponer cambios en la demanda, aunque de forma agregada se considera que la intensidad de uso global será del orden de la de 2019.
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