La alcaldesa, Onalia Bueno, a su llegada a los juzgados, acompañada de su abogado. / JUAN CARLOS ALONSO

«Con lo que he contado a su señoría verá que aquí no hay nada»

La alcaldesa de Mogán y dos ediles comparecieron este martes en sede judicial por un caso que investiga supuestas presiones para cambiar una denuncia

Gaumet Florido
GAUMET FLORIDO San Bartolomé

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, acudió este martes a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana en el marco de una investigación iniciada por la denuncia de un vecino, Ramón Trujillo 'El Perraya', que la acusa de haber intentado presionarle para que modificase su declaración en otro proceso judicial en el que también está encartada la regidora por una supuesta compra de votos. «Solo puedo decir que con lo que he contado a su señoría le habrá quedado claro qué es lo que ha pasado aquí, nadita de nada», aseguró poco después de salir de los juzgados.

No fue la única. El denunciante acusa a Bueno, pero también a dos de los ediles de su gobierno, al también primer teniente de alcalde Mencey Navarro y a Víctor Gutiérrez, y a otro vecino del pueblo, José Juan Montesdeoca Martín, al que le atribuye una militancia en Ciuca. Según ha publicado el digital canariasahora.com, Ramón Martín denunció que los tres le ofertaron 3.000 euros y un puesto de trabajo, en nombre de la alcaldesa, para que cambiara su versión respecto al 'modus operandi' de la presunta compra de votos, diligencias que instruye otro juzgado y por las que fueron detenidos el pasado 17 de septiembre la alcaldesa y Navarro.

Por lo que ha podido saber este periódico, los cuatro que estaban citados este martes prestaron declaración y negaron las acusaciones, pero no contestaron a las preguntas del abogado de la acusación, de cuya existencia, aseguran fuentes de la defensa, se enteraron ayer mismo. No acudió ningún fiscal.

Secuencia temporal

Buena parte de los focos del día estaban puestos en la declaración del concejal Víctor Gutiérrez, que, según la denuncia de Martín, fue el principal intermediario que usaron Bueno y Navarro para presionarle. Este edil hizo hincapié ante el magistrado en que la secuencia de los hechos desmonta la tesis del denunciante. Aseguró que el 15 de septiembre de 2020 Martín le mandó un audio en el que le insistía que quería verle. El 17 estalló el caso y se produjeron las detenciones, y el 18 se dejó ver con él. El denunciante sostiene que en esa conversación, que tuvo lugar en el interior de un coche, el concejal le hizo la oferta para cambiar su declaración. En cambio, Gutiérrez declaró que Martín le transmitió su pesar porque sabía lo que iba a pasar (el día anterior fueron las detenciones) y quería haberlo avisado para que se quitara de en medio. El edil asegura que se limitó a decirle que no quería saber nada.

La tesis de su defensa está en la secuencia de los hechos. Las actuaciones que derivaron en las detenciones eran secretas y no tuvieron acceso a las diligencias hasta semanas después, luego el concejal no podía saber al día siguiente quién había sido el denunciante de la supuesta compra de votos ni qué había declarado.

Y Montesdeoca, que aclaró que siempre ha sido del PP, no de Ciuca, dijo al juez que fue el propio Martín el que le contó que le habían ofertado 3.000 euros y un trabajo, y también declaró que le advirtió de que lo estaban utilizando Isabel y Juan Manuel (en alusión a la edil de NC y a su marido).