El puerto es competencia autonómica y el Gobierno creó una comisión para dilucidar el futuro uso. El dictamen jurídico recuerda que el PIO obliga al uso turístico y náutico. / JUAN CARLOS ALONSO

La concesión de la cementera está caducada y el puerto no puede seguir con un uso industrial

Un informe de dos expertos en Derecho Administrativo concluye que la actividad de la industria no puede seguir en Santa Águeda

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria.

Un informe jurídico elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo Francisco Villar y el profesor de esa misma especialidad Andrés M. González Sanfiel concluye que no hay vía jurídica alguna para sostener la continuidad de la actividad de la cementera en el puerto de Santa Águeda, en Arguineguín. Además de subrayar que la concesión está caducada, en el dictamen se subraya que «el uso industrial del puerto de Santa Águeda resulta disconforme e incompatible con el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria que prevé para esa infraestructura un destino turístico y, específicamente, un uso náutico-deportivo». El informe fue hecho a petición de la patronal de hostelería y turismo de Las Palmas (FEHT), con el fin de conocer la situación jurídica del expediente.

El Gobierno de Canarias acordó este año la creación de una comisión que estudiase el expediente, ante la pretensión de la cementera Ceisa de mantener su actividad en Arguineguín. Esa comisión cuenta con la participación de las consejerías de Obras Públicas, al ser el puerto de Santa Águeda de titularidad autonómica, y de Turismo, al encontrarse esa actividad industrial en una zona de gran valor turístico, llamada a ser un referente de calidad alojativa.

    El informe, al que ha tenido acceso este periódico y que fue adelantado el sábado en la edición digital, es contundente en sus conclusiones. Así, afirma taxativamente que «la continuidad del uso industrial del puerto de Santa Águeda es inviable. No cabe prórroga alguna de la concesión con que ha venido funcionando».

    Respecto a qué debe hacer el ente Puertos Canarios, señala que está obligado a «recuperar el puerto y decidir el modo de gestionarlo, bien de forma directa, bien convocando una nueva licitación pública».

    Sobre las opciones que tiene el Gobierno de Canarias en este asunto, los expertos en Derecho Administrativo recuerdan que el Plan Insular de Ordenación es «obligatorio para todas las Administraciones públicas y los particulares, prohibiendo la continuidad del uso industrial, lo que no ha cambiado tras la entrada en vigor de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias». Y agrega: «En tanto el planeamiento insular fue aprobado de forma definitiva por el Gobierno de Canarias queda vinculado por su decisión, de la que no puede separarse siendo nula la dispensa o la derogación singular de su contenido».

    Tras analizar la evolución de la concesión del suelo portuario a la cementera y subrayar que se encuentra «extinguida», se agrega que «lo procedente es que la administración autonómica depure la situación física y jurídica del puerto, la administración insular formule el correspondiente plan territorial parcial y la administración municipal adapte su planeamiento, a fin de viabilizar el uso turístico». El informe se detiene especialmente en analizar qué vías podría haber para una hipotética prórroga de la concesión, para concluir que se incurriría en nulidad de pleno derecho.

    «La ordenación detallada de esta pieza territorial estratégica», prosigue el dictamen, «debe cumplir con las normas que declaran incompatible el uso mixto turístico-industrial, en tanto esa combinación de usos limita y deteriora la especialización y calidad del destino turístico».

    En cuanto al argumento de que la continuidad de la concesión se justificaría por la proximidad de la cantera de la que se extrae parte de la materia prima del proceso industrial, el informe señala que esa tesis no tiene encaje jurídico, al tiempo que subraya que la mejora en las comunicaciones por carretera en Gran Canaria, y en concreto con tramos de autopista hasta Mogán, facilita que la cementera se pueda ubicar en otro lugar de la isla y seguir utilizando el material de la cantera. Ese vínculo entre la cantera y el uso industrial del puerto es uno de los argumentos a los que se aferra Ceisa en su intento de mantener la cementera en Arguineguín. Así, de hecho, lo ha trasladado al Gobierno de Canarias.

    El Gobierno de Canarias debe cumplir el Plan Insular

    En el dictamen jurídico a petición de la patronal FEHT se subraya que el margen de decisión del Gobierno canario sobre el futuro uso del puerto es limitado: está obligado a cumplir el Plan Insular de Ordenación, que «ha reconocido la necesidad de cambiar el actual uso industrial del puerto de Santa Águeda por otro turístico-náutico. Esta idea ha sido una constante expresada a través de los diversos instrumentos de ordenación territorial y sectorial de nivel insular. En particular, esta es la decisión que recoge el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria».

    Seguidamente los autores recuerdan que la fuerza jurídica de ese instrumento, cuál su capacidad de obligar a las administraciones y a los particulares. Subraya que el PIO fue formulado y tramitado hasta su aprobación provisional por el Cabildo Insular, siendo aprobado de forma definitiva por el Gobierno de Canarias mediante Decreto. 277/2003, de 11 de noviembre «Pues bien», agrega el dictamen, «con la aprobación definitiva, el Gobierno de Canarias aceptó, aprobó e hizo suyas las determinaciones contenidas en ese instrumento relativas a materias de su competencia, entre ellas, las que afectan a la infraestructura portuaria que centra este análisis, esto es, las previsiones sobre su destino turístico una vez extinguida la concesión».