Comsa pactó con la red de facturas falsas tapar las irregularidades

El acuerdo entre la constructora y tres antiguos empleados incluía silenciar lo ocurrido con la polémica obra del viaducto de Las Longueras, en Telde, cuyo proyecto fue modificado

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En el marco de la investigación judicial en torno a una trama de empresas que articularon una red de facturas falsas para blanquear ingresos de grandes constructoras con contratos públicos, la Policía Nacional encontró el contrato privado suscrito entre la constructora nacional Comsa y dos empresas de tres antiguos empleados de aquella (Hermanos Uarte Obras y Construcciones y Cofhisa Obras y Proyectos) por el que Ramón David Navarrete, Fernando Hernández Ibáñez y José Antonio Peña Gil se comprometen a pagar a Comsa 1,5 millones de euros como parte del acuerdo para silenciar que «habrían facturado y cobrado a Comsa servicios y suministros cuya facturación contiene errores materiales de concepto, importe y / o medición».

Fernando Hernández Ibáñez es uno de los integrantes, según la investigación del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria, de la trama delictiva que habría blanqueado unos 12 millones de euros en facturas falsas.

En su domicilio de Madrid, la Policía halló ese contrato privado fechado el 15 de enero de 2016. Según detallan los agentes policiales, en el contrato los firmantes exponen que «un miembro del comité de empresa de Comsa presentó denuncia acerca de presuntas irregularidades cometidas mediante una serie de sociedades, de cuyo accionariado eran titulares directa o indirectamente los anteriormente citados, ante lo cual Comsa inició una investigación que concluyó con un informe en el que se describen una serie de actuaciones llevadas a cabo entre los años 2008 y 2014 por las empresas controladas directa o indirectamente por los Srs. Hernández, Navarrete y Peña, que habrían facturado y cobrado a Comsa servicios y suministros cuya facturación contiene errores materiales de concepto, importe y / o medición». El acuerdo incluye a las empresas citadas y a otras incluidas por el juzgado en sus pesquisas por estafa, delito fiscal y falsedad.

Esas sociedades, agrega el informe policial, «habrían movido en el citado periodo una cantidad de dinero próxima a los diez millones de euros, sosteniendo Comsa que no había autorizado expresamente dicha forma de proceder ni la conocía previamente, ni la consintió con posterioridad, considerándola una actuación irregular» de los tres empleados, habiendo sido despedidos Hernández Ibáñez y Ramón David Navarrete, mientras que el tercero había dejado la compañía con anterioridad.

Para evitar la interposición de «posibles acciones legales entre las partes», los firmantes pactan que Hernández Ibáñez, Navarrete y Peña Gil pagarían a Comsa 1,5 millones de euros, de los que el 60% sería abonado por el primero.

Se añade que el acuerdo incluye proyectos ejecutados por uniones temporales de empresas en las que participó Comsa, como «Variante TF, Auditorio Arnao, Tanatorio Las Rubiesas, Viaducto Longueras UTE, Puente Teror, Puerto de Garachico o Pabellón Mundobasket».

En el caso concreto del viaducto de Las Longueras, en Telde, la obra fue muy polémica en su día por las continuas demoras y un modificado que elevó en un millón de euros la cuantía inicial (4,4 millones). En su día, al terminar la obra la sorpresa fue mayúscula al descubrir que uno de los carriles era invadido por una torreta de luz de media tensión. El Cabildo de Gran Canaria abrió expediente e inició un proceso de expropiación para trasladar la torreta.