La cementera tiene doce meses para liberar el muelle desde que presente el plan de desalojo
Si Ceisa cumple el calendario fijado por Puertos Canarios, a mitad de 2027 el puerto de Santa Águeda estaría sin actividad industrial
La empresa Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) tendrá un plazo de doce meses para liberar el espacio que ocupa en el muelle de Santa Águeda, en Arguineguín. Un plazo que arrancaría desde que presente el plan para su salida de ese espacio, un documento que debería estar en poder del ente autonómico Puertos Canarios como muy tarde en mayo de 2026, según la resolución remitida a finales de octubre a Ceisa por el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno. De esa forma, si no hay demoras, a mitad de 2027 el muelle de Santa Águeda ya no contaría con la cementera.
Esa resolución de Puertos Canarios se sustenta en un exhaustivo informe técnico sobre las instalaciones de la cementera y lo que deberá hacer para liberar el espacio que ocupa en Santa Águeda al no prorrogar Puertos Canarios la concesión a su favor. En dicho informe técnico «se establece un periodo máximo de dieciocho (18) meses para completar todo el proceso, distribuidos de la siguiente manera: seis (6) meses para la presentación del proyecto técnico de desmantelamiento por parte del concesionario, contados a partir de la notificación de la resolución administrativa correspondiente; doce (12) meses para la ejecución de los trabajos de desmantelamiento, contados a partir de la aprobación del proyecto técnico por parte de Puertos Canarios».
El informe agrega que «los plazos podrán variar por razones técnicas de ejecución, justificadas, y previa solicitud del concesionario».
Los técnicos de Puertos Canarios hacen un inventario exhaustivo de todo lo que debe retirar Ceisa: la nave almacén de graneles sólidos (Clinker) situada en el dique-muelle de abrigo, de 260 x 21,3 metros, con una superficie aproximada de 5.550 metros cuadrados y altura total de unos 22 metros, construida en 1994; la nave almacén de arena situada en la zona de ribera; dos grúas de carga con capacidad de izado de 15 toneladas ubicadas en el muelle número 1; la grúa torre de celosía con un brazo de 50 metros de longitud ubicada en el muelle número 2; tres tolvas de descarga de materiales ubicadas en el muelle número 1; aproximadamente 600 metros lineales de estructura metálica de soporte de cintas transportadoras en el muelle número 1; unos 100 metros lineales de estructura metálica de soporte de cintas transportadoras en el muelle número 2; cualquier otra edificación o construcción menor ubicada dentro del dominio público portuario y finalmente toda «instalación o equipamiento específico para la manipulación, procesamiento o almacenamiento de cemento y sus materias primas».
En paralelo, se advierte de que «por las características de la actuación cobran especial importancia los estudios de gestión de residuos y de seguridad y salud».
Asimismo, tras la ejecución de los trabajos de retirada de los distintos elementos, deberá «garantizarse la integridad estructural de los elementos que deben mantenerse (dique de abrigo, muelles, pavimentos, espaldón, etc.)». También se señala que «las operaciones de corte o demolición deberán realizarse de manera que no se vean afectadas las estructuras y servicios básicos que se pretende conservar, como red de agua, electricidad y alumbrado».
Ceisa también estará obligada a realizar «una gestión adecuada de los residuos generados durante el proceso de desmantelamiento, conforme a la normativa vigente, prestando especial atención a aquellos que puedan contener sustancias contaminantes (aceites, lubricantes, etc.)».
También correrá por parte de la empresa cementera acometer la pavimentación del resto de la explanada portuaria; eliminar todos los anclajes, cimentaciones superficiales y elementos de sujeción hasta una profundidad mínima de 50 centímetros; implementar medidas preventivas y correctivas para evitar cualquier afección a la calidad del agua y el aporte de sedimentos, y todo ello cumpliendo con la normativa vigente en materia de seguridad, salud y medio ambiente».
Concesión denegada hace un año
El 4 de diciembre de 2024 Puertos Canarios resolvió no proceder a una nueva concesión o prórroga de la que disfrutaba Ceisa para operar en el muelle. Lo hizo a partir de un informe previo que señaló que «el mineral extraído está destinado a su tratamiento y transformación directa en la fábrica propiedad de la concesionaria situada fuera del dominio público portuario, trasladando el mineral desde la cantera a la fábrica directamente por medio de transporte terrestre sin hacer uso de la instalación portuaria». Desde entonces, Ceisa judicializó el asunto, con una resolución judicial en primera instancia que frenaba el acuerdo de Puertos Canarios pero que no es firme al haber sido recurrida ante la Audiencia Provincial.
En 1957 el Ministerio de Obras Públicas autorizó a Cementos Especiales, S.A. la construcción de un dique-muelle en la bahía de Santa Águeda. La concesión se otorgó entonces en precario, sin plazo limitado. En 1963, el Estado autorizó a la empresa a ocupar 4.500 metros cuadrados. Nueve años después, en un solo acto, el Gobierno anuló las autorizaciones otorgadas en 1957 y 1963 y autoriza la construcción del dique muelle y su prolongación. La concesión se otorgó por un plazo de 50 años, con vencimiento en 2022.
El 23 de marzo de 2021 Ceisa solicitó el otorgamiento de una nueva concesión hasta el 22 de julio de 2046, con la posibilidad de renovación por otros 30 años. Fundamentó su solicitud en la necesidad de igualar el plazo de la concesión portuaria al de la concesión de explotación minera.
