El Cabildo pide al Club de Golf que acredite ser dueño de la Casa de Bandama
El acuerdo original entre ambas partes, de diciembre de 1955, preveía que, tras 50 años de uso, las construcciones revertirían automáticamente al patrimonio insular salvo que se acreditara su propiedad por parte del Club
CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:17
El Consejo de Gobierno Insular decidió este lunes requerir al Real Club de Golf de Las Palmas que acredite documentalmente la propiedad de la Casa Club del campo de golf de Bandama, construida sobre una finca de titularidad insular, en cumplimiento del acuerdo plenario del Cabildo de 28 de diciembre de 1955 de cesión de las instalaciones de Bandama durante 50 años.
El Club dispone de tres meses desde la notificación del requerimiento para presentar la documentación que demuestre la titularidad del inmueble, tal como recoge el acuerdo original entre ambas partes, que preveía que, tras 50 años de uso, las construcciones revertirían automáticamente al patrimonio del Cabildo salvo que se acreditara su propiedad por parte del Club.
El expediente, elaborado por el Servicio de Patrimonio y validado por la Asesoría Jurídica, se apoya en la información catastral y registral de la finca número 5.974 del Registro de la Propiedad de Santa Brígida, sobre la que se asienta el edificio de la Casa Club, con una superficie de 2.500 metros cuadrados.
El acuerdo del Consejo de Gobierno inicia un proceso administrativo para determinar la titularidad definitiva de la Casa Club y regularizar su situación jurídica. Si el Real Club de Golf acredita fehacientemente la propiedad del edificio, el Cabildo podrá estudiar la concesión administrativa correspondiente.
Mientras tanto, el Club seguirá ostentando la posesión en precario del campo de golf, conforme al acuerdo adoptado el 22 de mayo de 2015, que permite su mantenimiento y uso hasta que se formalice una nueva adjudicación o concesión.
Este paso se enmarca en la política del Cabildo de garantizar la adecuada gestión y protección de su patrimonio público, asegurando la transparencia, la seguridad jurídica y la correcta utilización de los bienes insulares.
