Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 24 de junio
Escolares de Telde en una visita al centro sociosanitario de Taliarte. C7
El Cabildo cree que la norma regional sobre Dependencia genera indefensión
Gran Canaria

El Cabildo cree que la norma regional sobre Dependencia genera indefensión

La corporación insular detecta artículos que provocan perjuicios generalizados a los solicitantes y asegura que la tramitación por vía de urgencia incumple los principios de participación, colaboración y transparencia

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 31 de mayo 2024, 18:39

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.

Opciones para compartir

El Cabildo ha presentado alegaciones al proyecto de decreto del Gobierno canario que regula el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del Sistema de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia al considerar que varios artículos generan indefensión, inseguridad, discriminación y perjuicios a los solicitantes, además de detectar una dejadez de competencias por parte del Ejecutivo.

El documento remitido a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno incide en el artículo que estipula que las entidades locales podrán prestar apoyo en el procedimiento para reconocer la situación de dependencia mediante la aportación de informes sobre la situación social, familiar y del entorno de los solicitantes.

Ante esto, el Cabildo sostiene que el Catálogo de Servicios y Prestaciones de Canarias fija que la competencia de realizar el Programa de Atención Individual recae en el Gobierno. Por tanto, tras señalar que prestará los apoyos necesarios cuando sean solicitados y siempre que tenga capacidad para ello, alega que esta colaboración «no puede establecerse como una obligación, sin que esto haya sido acordado entre las partes dentro del ámbito de la colaboración interadministrativa».

El Cabildo también cuestiona la incorporación a la valoración de la situación de dependencia un nuevo 'Equipo de Triaje', que, según la nueva norma, se encargará de efectuar un estudio previo del solicitante, previa presentación de documentación de carácter sanitario. Así, a su juicio, «este nuevo procedimiento previo tiene como interés agilizar los trámites propios del sistema de valoración de la dependencia, ya que no implica la visita personal al interesado», por lo que concluye que «la valoración se hará basada en informes y no en el examen de la realidad de la persona».

Además, ese mismo artículo dice que si ese equipo valora que la solicitud carece manifiestamente de fundamento, se dará por inadmitida, lo que «puede causar indefensión a la persona solicitante, ya que los informes de carácter sanitario no siempre reflejan la autonomía real».

Ruptura del sistema de acceso

El Cabildo grancanario también objeta algunos aspectos del artículo 13 del proyecto de decreto, al estimar que rompería el actual sistema de entrada por un solo acceso, que iguala en derechos y oportunidades a todas y a todos los solicitantes.

A su juicio, la redacción de este apartado «genera inseguridad en el respeto ordenado de la entrada al sistema, ya que podría entenderse que estar ocupando un recurso público o privado generará un sistema de acceso diferenciado al de quienes esperan su valoración sin estar ocupando plaza en ningún recurso».

Plazos de resolución irreales

Otro de los asuntos con los que discrepa la corporación insular es el referente a los plazos para la resolución del reconocimiento de la situación de dependencia que establece el proyecto de decreto en su artículo 15, en el que se determina un período máximo de seis meses para dictar la resolución y practicar la notificación a la persona solicitante, a contar desde la fecha en la que esa petición haya entrado en el Registro de la administración competente.

A este respecto, la nueva norma dispone que no se computará a este efecto el período de tiempo en el que el expediente se encuentre paralizado por causa imputable a las o a los peticionarios y añade que, si transcurren esos seis meses sin que se produzca resolución expresa, la solicitud de valoración se entenderá por desestimada por silencio administrativo. Es más, en este sentido, expresa que «la desestimación por silencio administrativo tiene solo efectos de permitir a las personas interesadas la interposición de un recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente».

La alegación del Gobierno grancanario a este mandato se basa en que «el silencio administrativo negativo supone siempre un perjuicio para el interesado, que lo obliga a defender sus derechos a través de un recurso administrativo, que no es un sistema habitual de las personas solicitantes». E, igualmente, argumenta que los plazos de la valoración de la dependencia en Canarias están muy por encima de esos seis meses, por lo que «este artículo supondría un perjuicio generalizado», sentencia.

Imagen de archivo del centro de mayores de Valleseco.
Imagen de archivo del centro de mayores de Valleseco. C7

Del mismo modo, el Cabildo de Gran Canaria también muestra su disconformidad con el apartado 1.h del artículo 28, que señala el hecho de que no hacer uso del servicio o la prestación asignados en el Programa Individual de Atención durante un mes desde su reconocimiento será uno de los motivos de la extinción del derecho a los mismos.

«Este artículo tiene una redacción tan abierta que no refleja excepciones que pudieran sucederse de forma justificada», recalca la Institución insular, además de exponer que, «igualmente, no se atiende a la tipología de recurso público o privado, sin aclarar si los regula todos».

Principios de participación y colaboración

Con carácter previo a la exposición de sus alegaciones, el Cabildo cuestiona la tramitación de este proyecto de decreto, dado que, como mantiene en su documento, el Gobierno de Canarias «no parece apreciar los beneficios que, para obtener una regulación de calidad, tiene dar cumplimiento efectivo a los principios de participación y colaboración que, junto al de transparencia, forman los pilares de un modelo de gobierno abierto».

La Corporación insular alude de esta forma a la decisión de tramitar la iniciativa por la vía de urgencia, lo que implica conceder solo siete días para presentar alegaciones a otras instituciones que pueden ver afectadas sus competencias en esta materia, además de que tampoco consta «la necesaria participación» de los demás grupos de interés afectados por la norma.

En su escrito, recuerda incluso el discurso de investidura del actual presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, repleto de referencias a los principios, cuando se comprometió a «escuchar a la sociedad civil, no pretendiendo sustituirla» o cuando aseveró que «debemos abordar los problemas desde una perspectiva transversal, huyendo de los departamentos estancos e implicando a los actores privados capaces de ofrecer y aplicar las mejores ideas», entre otras.

Por tanto, el Gobierno de Gran Canaria hace constar que esa tramitación urgente «es un claro ejemplo de incumplimiento» de la premisa de desarrollar procesos deliberativos, que busquen la interacción entre los distintos niveles de gobierno, las organizaciones sociales y económicas, y la sociedad civil en su conjunto, que «al tratarse de un asunto es de gran trascendencia social y en el foco del debate público desde hace ya varios años, adquiere una mayor gravedad».

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios