Bomberos del Consorcio acusan al Cabildo de «retrasar» la negociación del nuevo acuerdo

La Federación se Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) y la Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF), sindicatos con mayor representación en el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, han acusado este martes al Cabildo insular y al propio Consorcio por el retraso en las negociaciones del nuevo acuerdo, lo que achacan a una «estrategia de dilatación«.

En este sentido, exponen que a pesar de haberse especificado que se establecería un calendario de negociación para el mes de diciembre, tras pasar 20 días de este mes, siguen sin tener «ninguna« propuesta de reunión para resolver los asuntos que los bomberos «han ido ganando en los juzgados y que por ley se les debe aplicar», según han informado los sindicatos de los bomberos en nota de prensa.

Asimismo indican que el retraso «no es nuevo», ya que desde 2019 un juez indicó al Cabildo que «debía negociar con los bomberos sus condiciones laborales», lo que aseguran «está generando problemas de operatividad por la falta de personal«. Además, añade, que la »no negociación de las condiciones laborales y la imposición sistemática de medidas por parte del gerente de la entidad están creando un reguero« de demandas que están llevando al »colapso« a la administración institucional que conforma el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, dependiente del Cabildo de la isla, dado que es su administración adscrita.

Por otro lado, los sindicatos apuntan a que el nivel de judicialización del Consorcio registra «cifras récord por la mala gestión del gerente, Emilio Duch, de procedencia militar y el cual lleva siete años en el cargo«, que aseguran »coinciden con los de mayor número de demandas interpuestas« por parte de los agentes sociales debido al »incumplimiento« de las leyes que se aplican a los funcionarios y que la gerencia de este Consorcio »omite o sencillamente crea su propia interpretación con la imposición de medidas que terminan siendo denunciadas«.

El último caso que citan es la «imposición» de una resolución donde la gerencia del Consorcio publica unilateralmente los criterios para cubrir el déficit de personal con horas extraordinarias a pesar de que la junta general de alcaldes, Cabildo y Gobierno de Canarias «establecieron la prohibición de hacer estas horas extraordinarias«, lo que ha implicado la interposición de un recurso de alzada que consideran »probablemente acabará en los juzgados porque así es como funciona la entidad«, entre otras cuestiones.

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