Vista general de la zona turística de Taurito. / C7

La Audiencia confirma que Santana Cazorla deberá ser juzgado por presuntas coacciones

El tribunal desestima el recurso que interpuso la representación legal del empresario, que alegaba no tener que ver con el desalojo a la fuerza de un inquilino de un kiosco en Taurito (Mogán)

GAUMET FLORIDO FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha confirmado en un auto que el empresario Santiago Santana Cazorla deberá sentarse en el banquillo de los acusados como presunto responsable de un delito de coacciones cometido contra un inquilino que fue desalojado por la fuerza de un kiosco en Taurito.

El magistrado ponente de la sala de la Sección Primera, Pedro Joaquín Herrera Puente, desestima el recurso de apelación que interpuso la representación legal del empresario contra el auto del 16 de junio de 2020 por el que el juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana acordó continuar por los trámites del procedimiento abreviado las diligencias abiertas contra Santiago Santana Cazorla, auto que luego fue confirmado y mantenido también por otro posterior, del mismo juzgado, del 9 de junio de 2021. «Los signos incriminatorios y la apariencia delictiva están ahí», razona el magistrado de la Audiencia para justificar su decisión de confirmar en esta segunda instancia aquella resolución de junio de 2020. Ahora ya no cabe recurso e impone las costas al apelante.

Herrera explica en el auto, que data del 25 de marzo pasado, que los hechos punibles tienen que ver con «la utilización de una vía de hecho llevada a cabo de quien puede ser la parte arrendadora de un kiosco donde un tercero tiene su negocio». Añade el magistrado que «el investigado, representando a la propiedad, dirige una operación con el fin de desmantelar ese negocio y dejar sin posibilidad de actuación a quien lo regente». En definitiva, que la propiedad quiso poner fin a la relación de arrendamiento «por la fuerza» y, con eso, «impedir la continuación de un negocio sin necesidad de acudir a las vías de derecho, es decir, sin negociar ni en su caso ejercer las correspondientes acciones judiciales».

Advierte Herrera, no obstante, que esta conclusión primaria «no es definitiva» y que es fruto «del resultado indiciario derivado de las diligencias de investigación practicadas», por lo que, aclara, podrá ser matizada en el juicio. Admite, como debe señalar la representación legal del empresario, que «haya cuestiones discutibles», pero acto seguido subraya que «los signos incriminatorios y la apariencia delictiva está ahí». En ese sentido, sostiene que «el cauce adecuado para confrontar en su día la prueba de cargo y de descargo» es el juicio oral y que el auto recurrido no implica un adelanto de la hipotética responsabilidad penal que pudiera derivarse ni una vulneración del derecho a la presunción de inocencia del investigado.

Aclara finalmente el magistrado que «la fijación del hecho punible se ha individualizado», y que «se ha expresado con suficiencia el punto de conexión del comportamiento que se le atribuye y que pudiera, en su caso, tener relevancia jurídico penal».

Fuentes vinculadas con el caso informan de que fue un vídeo aportado por el denunciante la pieza clave que parece demostrar que presuntamente Santiago Santana Cazorla estuvo detrás del desalojo a la fuerza o por la vía de hecho del inquilino del kiosko.