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Decenas de personas salieron este lunes a la calle con megáfonos y pancartas. Arcadio Suárez

«¡Alcaldesa!, queremos una solución ya!»

Empresario y trabajadores de los restaurantes cerrados en Puerto Rico se manifiestan en Arguineguín

Gaumet Florido

Arguineguín

Lunes, 13 de mayo 2024, 11:03

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Entre 40 y 50 personas, con pancartas, megáfonos, sirenas y pitos protestaron este lunes en Arguineguín contra el Ayuntamiento de Mogán por las medidas adoptadas contra dos restaurantes de Puerto Rico que han llevado a su propietario, Pablo González, a cerrar los otros tres. Estuvieron desde las 09.00 a las 12.00, frente a las Oficinas Municipales.

Llevaban abiertos 50 años, pero tras varias denuncias por ruidos a dos de ellos, el Gran Canaria y El Pirata, el Ayuntamiento descubrió que no contaban con licencia de apertura, los multó con 22.500 euros a cada uno y los mandó cerrar con carácter definitivo. Ante el temor de que se le acumulen las sanciones, González clausuró los otros tres, Atlanta, Venecia y El Tiburón.

El empresario y sus trabajadores gritaron consignas emplazando a la alcaldesa, Onalia Bueno, a ofrecerles una salida urgente. González ya ha despedido a 25 de sus trabajadores y a los otros 25 los tendrá de vacaciones, por ahora, hasta el 30 de mayo, pero también están en riesgo.

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La empresa titular de los negocios, Duane & Miguel SL, ya ha pedido a Costas la concesión para mantener sus cinco locales abiertos al estar situados en zona de servidumbre de protección costera y ha formalizado también ante el Ayuntamiento de Mogán la solicitud de licencia de apertura para El Pirata. El Gran Canaria ya está cerrado desde julio de 2023, aunque el consistorio sostiene que parte del local se ha estado usando con las cocinas de El Pirata.

Leticia León, administrativa de la empresa, subraya que hasta ahora las únicas notificaciones que les han llegado proceden del Ayuntamiento y no de Costas. «La concesión se la dio Costas a Puerto Rico SA y esta se la cedió a todos los que han comprado locales en el paseo, entre otros a Pablo González, lo que pasa es que esa concesión venció en 2022 y Costas no la ha renovado, pero si no lo han hecho y tampoco no nos han sancionado es porque entendemos que vamos a seguir los mismos concesionarios».

Por lo pronto, la empresa ha pedido autorización a Costas tanto para los locales, que, según González, son todos de su propiedad, como de las terrazas. El trámite se justifica porque, entre otras razones, uno de los requisitos que le exige el Ayuntamiento para otorgarle la preceptiva licencia de apertura es contar con el sí de Costas.

«Así nos agradecen lo que hemos hecho por esa playa», se quejaba este lunes González, que ahora asegura que, sin sus locales, «está muerta y abandonada, ni la limpian», una tarea que, según asegura, asumían ellos mismos.

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«Cuando me enteré, me dio ansiedad»

«Llevo 14 años en esa playa, es todo para mí, tengo un niño pequeño de 4 años y no quiero perder mi puesto de trabajo». Minerva Suárez, encargada de los cinco restaurantes, confiesa que lo está pasando mal. «Cuando me enteré me dio ansiedad; de un día para otro me veo en la calle, no es justo, porque no molestamos a nadie, solo por una mujer que viene una vez al año y le molesta la música», se queja. «Encima le ha dado trabajo a menores inmigrantes pese a que muchos no los quieren», apostillaba Suárez.

Estos afectados insistirán en sus movilizaciones. José Antonio Álvarez, camarero desde hace 7 años en uno de los locales de González, avisa de que llegarán hasta La Moncloa si se tercia. Trabajaba en otro negocio del grupo en Amadores, pero a partir del 1 de mayo iba a empezar en Puerto Rico.

«Nos manifestamos porque nos van a quitar el pan de comer». Le queda poco para jubilarse, pero no piensa hacerlo. Cumple 64 años en junio. «No lo haré hasta que no se resuelva la situación». Natural de Ponferrada, lleva 40 años en Canarias. Siente que le debe mucho a González. «Apoyo a Pablo, es mi única familia en Canarias, empecé con él al principio, cuando tenía Los Colegas y hace 7 años volví con él; no debí haberme ido nunca».

«¿Por qué al local de al lado solo lo penalizan con cerrar 15 días?»

«Locales que están al lado y por la misma denuncia de la misma persona y sin licencia de apertura le ponen 15.000 euros de sanción y cierre 15 días, que nos expliquen la diferencia», se quejaba Leticia León. «No, hombre, la ley debe aplicarse igual para todos, ¿qué pasa, que cómo los locales están en primera línea de playa les interesan y lo quieren hundir para quitárselos?», insistía. Desde el Ayuntamiento aclararon este lunes la diferencia. «El local al que aluden fue denunciado y multado por la música, pero sí tenía licencia de apertura; eso explica la diferencia en las sanciones», apuntó Mencey Navarro, edil de Urbanismo.

Desde NC, uno de cuyos concejales, Javier Romero, acudió a apoyar la concentración durante unos minutos, se volvió a anunciar que en el próximo pleno presentarán una moción para pedir un plan de regularización de todos los locales que estén en el municipio en una situación simular, sin licencia pese a que lleven décadas abiertos.

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