El alcalde y el vicealcalde de Santa Lucía, investigados por presunta malversación en el Ateneo
Las diligencias las lleva un juzgado de San Bartolomé tras una denuncia de un edil de la oposición por un acuerdo para abonar al personal 3,1 millones de euros en concepto de productividad con reparos de Intervención
El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, y el primer teniente de alcalde, Julio Ojeda, al igual que la edil Ofelia Alvarado, están siendo investigados por la Plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé en un procedimiento por un presunto delito de malversación relacionado con la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, en proceso de transformación en el organismo autónomo Ateneo Municipal. En concreto, se les investiga por un acuerdo para un incremento salarial a los alrededor de 120 trabajadores por encima de lo que está amparado legalmente y con informes en contra de Intervención.
La actuación, que incluye a otras seis personas y ya está en diligencias previas, se debe a una denuncia penal presentada por un concejal en la oposición. En ella están incluidos los responsables políticos, miembros del comité de empresa y un abogado externo vinculado a la sociedad municipal. García y Ojeda ya han prestado declaración meses atrás, y el miércoles de la próxima semana lo harán siete investigados, entre ellos la concejal Alvarado.
Piden a los trabajadores que reitegren lo cobrado
Según la denuncia, que se ha presentado también en el Tribunal de Cuentas, los hechos habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y julio de 2024, cuando la llamada Comisión Paritaria habría adoptado acuerdos para justificar el «abono irregular» de 3.134.000 euros en concepto de productividad, acumulados desde 2019, al personal de la entidad pública. De ellos, solo se han pagado 534.000 euros y ahora desde el Ayuntamiento le han pedido a los trabajadores que los devuelvan, posiblemente por la actuación judicial.
Sin embargo, los hechos se remontan a semanas antes de las elecciones municipales de 2019, cuando se aprobó un convenio colectivo. En uno de sus artículos se estableció un complemento de productividad que para el año 2019 se estableció en una cantidad total máxima de 534.000 euros y de 650.000 desde 2020 a 2023. Esto supondría en algunos casos un incremento con respecto al convenio de 2009 de 1.000%, ya que estaba en 453 anuales por puesto de trabajo y en el nuevo pasaba a ser de 4.450.
Un reparo de Intervención provocó que en el mandato 2019-2023 no se pagaran esas retribuciones, por lo que uno de los sindicatos presentó una demanda que no llegó a dirimir el juzgado ya que el 1 de diciembre de 2023, en el actual mandato, la Comisión Paritaria habría firmado un documento acordando el reparto de las cantidades previstas y comprometiéndose a presentar dicho acuerdo como 'conciliación' en un proceso judicial por conflicto colectivo.
El acuerdo fue presentado ante el juzgado el 11 de diciembre de 2023, lo que habría generado «una apariencia de legalidad» destinada a justificar los pagos. La denuncia recuerda que la Intervención General municipal ya había advertido en años anteriores que las cuantías fijadas en el convenio superaban los límites retributivos establecidos por la normativa presupuestaria, por lo que su abono había sido rechazado en el mandato anterior. Pese a ello, los responsables municipales actuales habrían reactivado el pago de estas cantidades «a sabiendas de su ilegalidad», según el denunciante.
Una factura de 108.000 euros a un abogado
Además del pago de la productividad, el escrito plantea un presunto intento de cargar al 'fondo social' de la entidad una factura de 108.100 euros correspondiente a servicios jurídicos contratados por un sindicato, pese a que los servicios no fueron prestados a la sociedad. Considera que esta maniobra buscaba una «nueva distracción de fondos públicos».
