El alcalde de Santa Lucía declara ante el juzgado «con la conciencia tranquila»

García, que insiste en atribuir a esta denuncia un «interés político», compareció ante el juzgado junto a los otros dos investigados, citados también el mismo día. Se trata de la interventora municipal, Noemí Naya, y el trabajador supuestamente beneficiado, Antonio López, ex director insular de Empleo del Cabildo.

Primero declaró la denunciante, la edil Ana Mayor, de La Fortaleza, partido ahora en la oposición. Por los datos aportados por su representación letrada, la concejal se ratificó punto por punto en la denuncia, presentada al entender que el gobierno actual, «de forma irregular y arbitraria», procedió al nombramiento como funcionario de López, pese a que, en su momento, en el mandato anterior, había perdido esa condición por no haberse presentado a su toma de posesión para iniciar un periodo de 6 meses en prácticas.

Mayor denuncia a la interventora como cooperadora necesaria porque no fiscalizó todo el expediente. Le achaca haberse limitado a supervisar la parte económica que implica el coste de contratación de un nuevo trabajador, cuando, en opinión de la edil, debió haber advertido de la irregularidad que suponía que el investigado consiguiera entrar como funcionario en Santa Lucía pese a que en su día «perdió esa condición». Entiende que Naya era conocedora de esa situación porque formó parte del tribunal calificador de la oposición que aprobó el trabajador en cuestión.

Y, por último, denuncia al trabajador porque le acusa de haber solicitado nuevamente su toma de posesión en Santa Lucía a sabiendas de que no tenía derecho a hacerlo.

Tanto la interventora, Naya, como Antonio López también prestaron declaración en el juzgado y negaron la comisión de ningún tipo de irregularidad. Entre los argumentos que arguyó el empleado, que se acogió igualmente a no responder a las preguntas del letrado de la acusación, figura el hecho de que nunca se le notificó de forma expresa la supuesta pérdida de la condición de funcionario y que en todo este proceso se encontraba en una especie de comisión de servicios especiales para el ejercicio de cargo público, porque durante el mandato anterior ejerció las funciones de director insular de Empleo del Cabildo grancanario.

El juzgado tratará de determinar ahora si estas tres personas han incurrido o no en un supuesto delito de prevaricación y otro de nombramiento ilegal. El alcalde dijo en su momento a este periódico que se limitó a dictar una providencia para tramitar la solicitud que le presentó Antonio López y que ha obrado conforme a una propuesta de resolución del área de Recursos Humanos.