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La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, organismo que pertenece al Gobierno de Canarias, asumirá el trabajo de identificación de las personas que levantaron las chabolas que conforman el asentamiento sin licencia ni autorización de los dueños del suelo que desde hace cuatro años forma parte del paisaje de la linde entre San Bartolomé de Tirajana y Mogán, en una de las orillas de la desembocadura del barranco de Arguineguín.
Esta agencia actuará por encargo del Juzgado de Primera Instancia número 5 de San Bartolomé de Tirajana, que es el que está tramitando la demanda de desahucio por precario que fue presentada por una parte de los propietarios de estos terrenos. Iba dirigida contra las 80 personas que ya fueron identificadas para el procedimiento penal con el que, en un primer momento, lo intentaron los dueños, pero dado que el poblado ha crecido y que ha podido haber cambios entre una denuncia y otra, las diligencias arrancan con el encargo de una nueva y actualizada identificación de quienes al final serán destinatarios de la demanda.
Un gigantesco poblado de infraviviendas con calles y hasta señales de circulación. Ese es el paisaje que se observa desde la GC-1 y también desde la carretera general que lleva a El Pajar en cuanto uno se acerca a este territorio limítrofe entre dos de los municipios más ricos de la isla, los más turísticos, San Bartolomé de Tirajana y Mogán. El número de chabolas podría rondar las 150 y todas se levantaron sin licencia y sin permiso de los propietarios del suelo, por lo que tampoco pagan nada por ocupar esos terrenos. La inmensa mayoría está emplazada en suelo de San Bartolomé de Tirajana y se caracterizan por estar construidas con materiales poco estables, como madera y chapas. En parte de esta franja de tierra, en la más cercana al mar, estuvo en su día un camping, pero aquella actividad ya no está operativa. El asentamiento actual fue creciendo poco a poco, al calor de los tiempos pospandemia de la covid-19.
El juzgado hizo el encargo el 31 de julio de 2024 y, según informan fuentes vinculadas con el caso, el personal de la agencia ya ha girado varias visitas al asentamiento en compañía de efectivos policiales. Por lo pronto, y por los datos recabados por este periódico, estas son las primeras diligencias que ordena el titular del juzgado que tramita esta demanda por desahucio.
Se da la circunstancia de que la Agencia de Protección, de forma paralela pero independiente, ya había abierto un expediente de investigación de las infracciones que contra la ordenación del territorio podrían haber cometido los que ocuparon con infraviviendas este suelo clasificado como rústico.
Antes de presentar la demanda, los propietarios de los terrenos que se decidieron a dar este paso ya cumplieron con la exigencia legal de solicitar a los ayuntamientos implicados, a los de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, un informe de Servicios Sociales sobre la vulnerabilidad de las personas alojadas en el poblado de chabolas, pero ni uno ni otro dio respuesta alguna.
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